En Goros II de Los Mochis se denunció la venta de credenciales para ingresar a visitar internos, pero el caso se cayó

En el penal Goros II en Los Mochis hubo venta de credenciales para ingresar a visitar internos y armaron un caso en el que llevaron ante un juez a una persona que no era responsable.

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El involucrado es un ex trabajador del área de credencialización del penal, de nombre Alberto, y fue acusado por el delito de cohecho, y posteriormente absuelto.

En declaración ante autoridades del penal y del ministerio público, los testigos señalaron a Alberto como la persona que les vendía los pases y las credenciales hasta en 2 mil pesos, pero ante el juez se retractaron y revelaron que fueron obligados a señalarlo a él por una mujer de la que desconocen su nombre y por un hombre al que solo identifican como “comandante”.

Al acusado le dictaron auto de formal prisión por el delito de cohecho desde el 21 de julio de 2019, pero fue absuelto en noviembre de 2023, y el mes pasado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ratificó la sentencia absolutoria.

La investigación inició después de que una mujer acudió molesta al área de credencialización y se quejó que le habían suspendido su credencial por la que había pagado mil pesos y después llegaron siete quejas más.

El Departamento de Credencialización analizó sus archivos y presuntamente detectó 24 credenciales que fueron expedidas sin contar con documentación alguna en el expediente, por lo que podrían ser apócrifas.

En la investigación interna que inició la Secretaría de Seguridad Pública del Estado las personas a las que les retiraron la credencial señalaron que Alberto primero les cobraba entre 100 y 300 pesos por un pase para entrar al penal a visitar a sus parientes y después una credencial permanente sin presentar ningún documento ni realizar ningún trámite y pagaron entre 500 y 2 mil pesos.

Un hombre supuestamente dijo que Alberto trataba muy mal a las personas que iban a visitar a los familiares al penal y que además les cobraba por tramitar las credenciales; una mujer reclamó que no se le hacía justo que le quitaran la credencial porque tenía poco que la había comprado en 2 mil pesos.

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Una mujer más dijo que Alberto le vendió la credencial en 500 pesos y el mismo se la recogió; y en otra declaración una afectada dijo que ella no tenía sus papeles en regla y cada vez que acudía a visitar a su esposo pagaba un pase de 100 pesos, hasta que le ofrecieron una credencial en mil 500 pesos.

La Dirección de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad presentó una denuncia en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y esta a su vez presentó denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Alberto fue llevado ante el juez como presunto responsable del delito de cohecho y les dictaron auto de formal prisión.

Ante el juez las personas no ratificaron la declaración que habían hecho en la investigación internan de la SSPE y con el ministerio público y tampoco identificaron a Alberto como la persona que les vendía las credenciales y los pases.

Los testigos revelaron que fueron presionados para acudir ante el Ministerio Público a declarar contra Alberto para poder seguir entrando al penal a visita.

Frente al juez una de las mujeres declaró que un “un señor de tez morena, chaparrito con frenos, él me condicionó que yo tenía que ir, que tenía que presentarme a declarar al ministerio público para yo poder seguir entrando a ver a mi esposo, él me dijo que yo tenía que declarar en contra de Alberto, no sé qué intenciones tenía y pues basados en la necesidad que yo tenía de entrar a ver a mi esposo, por eso yo fui”.

La mujer dijo que después de que le retiraron la credencial siguió entrando al penal porque un hombre al que solo identifica como “comandante” le daba los pases.

Otra testigo manifestó que también fue obligada a declarar contra Alberto por “el comandante según él, él fue el que me dijo, me dio la hoja, me dio la pluma y me dijo qué era lo que pusiera y dónde la firmara”.

Otra testigo mencionó que una muchacha de la que no sabe su nombre le dijo que firmara una hoja en la que decía que había comprado la credencial para ingresar.

Ella me dijo que firmara una hoja y esa hoja tenía algo escrito, la cual decía que yo había comprado la credencial para poder ingresar a dicho centro penitenciario a visitar a mi concubino, y ella me dijo que si no la firmaba no iba a poder ingresar, indicó.

El acusado declaró que desconocía los hechos, así como la razón o motivos por los que lo acusan esas personas, ya que todas las credenciales que se expiden, todas tuvieron que haber llevado documentos y todas van firmadas por el director o comandante en turno del centro.

El mes pasado el Supremo Tribunal de Justicia ratificó la absolución de Alberto porque no hubo señalamientos concretos en su contra.

La sentencia señala que en los careos procesales con el imputado, las testigos reconocieron que en ningún momento le dieron dinero o le pagaron por servicios a Alberto.

“Esta Sala se encuentra ante el deber legal de confirmar lo determinado en la sentencia de primera instancia, en razón de que efectivamente del caudal probatorio analizado en la resolución primaria, no se obtienen señalamientos concretos en contra del enjuiciado”, establece.

Artículo publicado el 25 de agosto de 2024 en la edición 1126 del semanario Ríodoce.