La controversia genera manifestaciones en todo el país

Entre manifestaciones, suspensión de labores y pronunciamientos diplomáticos en Sinaloa y diferentes estados del país, se discutirán en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados los cambios que propone la Reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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La suspensión de labores iniciada por trabajadores base del Poder Judicial de la Federación (PJF) el lunes 19, fue el principio de una lucha a nivel nacional y local que no tiene fecha de conclusión, por detener la iniciativa que propone llevar a las urnas la elección de jueces, magistrados y ministros.

“… se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana, hasta que nuestras peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, remarcó un comunicado firmado por asociaciones de trabajadores del PJF, que anunciaba el paro de labores.

Al día siguiente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación de México (JUFED) comunicó que se unirían a la suspensión. “… el personal adscrito directamente a tribunales y juzgados dejará de dar trámite a todos los asuntos de carácter jurisdiccional que haya en existencia en sus respectivos órganos…”, señalaron.

En el mismo pronunciamiento, la JUFED pidió que se detuviera el proceso legislativo y que se reencauzara la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada, y exigió que se instalara una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.

“Nosotros como trabajadores dedicados a nuestros asuntos no tenemos los contactos con políticos que nos lleven a ser candidatos y menos la experiencia de ponernos con políticos de carrera para ser electos jueces o magistrados, esa es la principal afectación”, dijo Gustavo Saavedra Torres, secretario del tribunal colegiado penal, en Culiacán, en la manifestación que los trabajadores del PJF tenían en la capital sinaloense.

La iniciativa

La iniciativa de reforma promovida por el presidente López Obrador, el 5 de febrero, pretende crear un Órgano de Administración y un Tribunal de Disciplina Judicial dentro del PJF; reducir de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que su periodo de encargo pase 15 a 12 años y que no se puedan reelegir.

Pero el medular de la iniciativa es que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía. Razón por la cual, los manifestantes alegan que la reforma atenta contra la carrera judicial como mérito para acceder a cargos.

La propuesta de reforma establece que los tres poderes de la unión postulen sus candidatos a la contienda judicial. Posterior a ello, el Senado recibirá a los aspirantes, verificará que cumplan con los requisitos de elegibilidad y remitirá los perfiles al órgano electoral antes que concluya el año anterior a la elección.

La iniciativa propone que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual no existe pero que el presidente pretende crear con una reforma electoral, organice los comicios.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que una primera elección al poder judicial se realizará de manera extraordinaria en 2025 y una ordinaria en 2027. Informó que la elección de 2025 será para elegir a todos los ministros de la Corte y el 50 por ciento de los magistrados y para todas las vacantes de jueces.

Los pronunciamientos diplomáticos

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, alertó que la “elección directa haría que cárteles y actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas” y que la reforma debilitaría los esfuerzos de integración económica entre los países de América del Norte que se ha consolidado con el T-MEC.

“Basándome en toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México… Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción ni tampoco fortalecerá al poder judicial”, declaró.

El presidente López Obrador calificó las declaraciones del embajador como imprudentes, desafortunadas y una falta de respeto a la soberanía nacional.

A través de una misiva, dirigida a la embajada estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su extrañamiento a la postura de Ken Salazar y lo acusó de una “inaceptable injerencia”.

Posterior a ello, Salazar publicó un mensaje en el que dijo que su posicionamiento era con espíritu de colaboración y que estaba en la mayor disposición de hablar sobre la elección directa de jueces.

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, también declaró que los inversores de su país estaban preocupados por la reforma judicial.  

“Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, declaró

En respuesta el presidente mexicano dijo que también enviará una nota diplomática a la embajada canadiense.

En declaración a medios, Ignacio Mier dijo que el dictamen de Reforma al Poder Judicial será discutido por la Comisión de Puntos Constitucionales mañana lunes 26 de agosto, pese al paro de labores de los trabajadores del PJF.

Artículo publicado el 25 de agosto de 2024 en la edición 1126 del semanario Ríodoce.