Las causas penales abiertas contra universitarios también deben de estar en el diálogo con el Congreso y el gobernador del estado, consideró el encargado del despacho de la rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero.
El pasado 13 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al diálogo al gobernador Rubén Rocha Moya y a las autoridades universitarias; y el viernes pasado el Congreso del Estado anunció que desistía del recurso de revisión que promovió contra un amparo que obtuvo la UAS contra la reforma a la Ley de Educación Superior.
Lizárraga Otero dijo que enviaron al gobernador un documento con el que se ponen a sus órdenes para discutir el conflicto con la universidad. Mencionó que la universidad está dispuesta a dialogar a pesar del discurso hostil y agresivo de Rocha Moya.
“El propio gobernador ha tenido algunas expresiones hostiles, agresivas en contra de la comunidad y de miembros de manera directa de esta universidad”, señaló.
Comentó que los procesos penales derivaron de la defensa de la autonomía universitaria, por lo que también deben ser abordados en el diálogo.
“El presidente de la República habló también de los temas penales y forman parte también del conflicto, no los puede descartar el gobernador porque hasta el propio presidente de la República hizo referencia a los mismos, forman parte del mismo conflicto y deben de ser discutidos en un plano de igualdad y de justicia”, expresó.
Sobre el desistimiento del Congreso, comentó que significa que la universidad siempre tuvo la razón.
Aseguró que desistieron no por voluntad política, sino porque era evidente que iban a perder el recurso de revisión.
“Ellos augurando y viendo que iban a ser derrotados en el tribunal colegiado, en un ejercicio obvio de control de daños, tratan de vender una derrota como buena voluntad, para nada basta con escuchar las expresiones que reiterada y sistemáticamente han tenido desde aquel momento y hasta el día de hoy para con la institución”, dijo.
