Rechazan asociaciones de juzgadoras y funcionarios judiciales desaparecer fideicomisos del Poder Judicial

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Cinco agrupaciones de jueces, magistradas y funcionarias judiciales expresaron su rechazo al dictamen que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir 13 de los 14 fideicomisos con los que cuentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Con esta iniciativa del diputado morenista Ignacio Mier, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende reintegrar a las arcas de la Federación alrededor de 15 mil millones de pesos, recursos que se usan para el pago de prestaciones extraordinarias a trabajadores y funcionarios del Poder Judicial.

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Ante ello, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ), la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas (AMMA), la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed), el Capítulo México de la La Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ, por sus siglas en inglés) y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal condenaron la aprobación del dictamen bajo el argumento de que son ilegales.

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Las agrupaciones de juezas, magistrados, secretarios proyectistas y actuarias advirtieron que la reforma aprobada en comisiones por la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo de llegar a convertirse en ley, atentaría contra la independencia judicial y provocará un perjuicio o daño directo a la ciudadanía, ya que se pone en riesgo la pronta impartición de justicia.

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Además, se prevé una afectación a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, por lo que también se pone en riesgo a miles de familias que verían disminuido su ingreso y, por lo tanto, tendrían problemas para subsistir.

En este marco, las agrupaciones de jueces y magistradas hicieron un llamado al Pleno de la Cámara de Diputados para que rechace la reforma aprobada en su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, derivado de que los trabajadores del Poder Judicial Federal tienen prohibido contar con ingresos distintos a sus percepciones o salarios.

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