Se entrampan juicios a Estrada y Químico

JESÚS ESTRADA. Los amparos de su lado.

El exalcalde de Culiacán gana amparos y el de Mazatlán cambia de abogados en cada audiencia, que tiene que ser suspendida

Los procesos penales contra los ex alcaldes de Mazatlán y Culiacán se entramparon. En el caso del Luis Guillermo Benítez Torres, no ha podido empezar por causas atribuibles a los abogados y el de Jesús Estrada Ferreiro, por un amparo.

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Benítez Torres está acusado de comprar sin licitación lámparas a la empresa Azteca Lighting y de la compra de vehículos y motocicletas para regalarlos en el festejo del Día de las Madres de 2022; y Estrada Ferreiro de contratar sin licitación el arrendamiento de camiones recolectores de basura a la empresa Grupo Ketzer, por 117 millones de pesos.

Estrada Ferreiro fue vinculado a proceso penal desde el 18 de octubre de 2022 junto con la ex tesorera Issel Guillermina Soto; el ex secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo; el ex oficial mayor, Alejandro Amézquita; el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcántar Kondo; y las ex regidoras de Morena, Angelina Gutiérrez y María Antonia Sarabia.

La semana pasada, un juez de distrito resolvió un amparo en el que ordenó al juez de control, Adán Alberto Salazar Gástelum, dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso y debe volver a resolver.

La sentencia señala que el juez debe citar a las partes para celebrar otra vez la audiencia inicial, pero sin que haya debate y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, y con libertad de jurisdicción resuelva otra vez la situación jurídica de los imputados.

En la nueva audiencia, Estrada Ferreiro puede librar la acusación si el juez dicta auto de no vinculación, pero si dicta auto de vinculación a proceso, el proceso penal volvería a iniciar.

El amparo señala que el auto de vinculación a proceso dictado a los ex funcionarios viola el derecho de reserva de ley, ya que para calificar lo ilegal en la contratación del arrendamiento, el juez acudió al reglamento expedido por el Cabildo del Ayuntamiento, lo que no constituye ley formal ni material.

De acuerdo con el juez de amparo, para calificar de ilegal la contratación el juez debió considerar una Ley formal no un reglamento municipal.

“La calificación de la conducta basada en el reglamento expedido por el Ayuntamiento de esta ciudad implica trasgresión al principio de exacta aplicación de la ley penal, ya que no es válido constitucionalmente acudir a tal reglamento para determinar que la contratación de los camiones recolectores de basura fue ilegal, y por ello, el hecho no se ajusta a la descripción típica, por lo que de esa manera no es válido estimar acreditado el hecho que el artículo 300, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Sinaloa considera delito de desempeño irregular de la función pública”, señala la sentencia.

QUÍMICO BENÍTEZ. Tácticas dilatorias.

Las causas penales de los ex funcionarios de Mazatlán no han podido empezar.

El Químico Benítez y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones de la primera administración, fueron citados al Centro de Justicia por primera vez el 1 de marzo por el primer contrato firmado con Azteca Ligthting por 34 millones 971 mil pesos por 198 luminarias.

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En esa ocasión, la audiencia no se pudo celebrar porque los abogados no habían analizado el expediente debido a que la Fiscalía lo entregó apenas unos días antes y fue reprogramada.

El 12 de abril de nueva cuenta se difirió porque el Químico cambió de abogado y se reprogramó para el 28 de abril y en esa fecha tampoco fue celebrada por un nuevo cambio de abogado; y el juez de control, Adán Alberto Salazar Gastélum, dijo al ex alcalde que si hacía un cuarto cambio de defensor, podría entenderse que se trata de una táctica dilatoria.

El ex presidente municipal negó que se tratara de una estrategia y aseguró que los cambios eran por motivos personales de los abogados y no eran con dolo.

La audiencia fue programada para el 23 de mayo y ya no hubo cambio de defensor, pero la audiencia fue diferida porque dos abogados no acudieron porque tenían otras audiencias.

En esa acusación también están el ex tesorero, Jesús Javier Alarcón Lizárraga; el ex director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio; el ex Oficial Mayor, Javier Lira González; y el ex secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

Por el segundo contrato con Azteca Lighting por400 millones 864 mil 204 pesos por 2 mil 139 lámparas, la Fiscalía busca imputar al ex alcalde, al ex tesorero y a los quienes formaban parte del Comité de Adquisiciones de la segunda administración, integrado por la ex Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Nevárez; el ex director de Obras Públicas, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez; el ex regidor, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde; y el ex director de Servicios Públicos, José David Ibarra Olmeda.

Esa audiencia fue programada por primera vez para el 2 de marzo y no fue celebrada porque solo acudió Ibarra Olmeda y el resto de los imputados no.

El 13 de abril se presentaron todos los imputados y no se llevó a cabo porque los abogados no conocían el expediente y requerían tiempo para estudiarlo y preparar la defensa.

La semana pasada de nueva cuenta acudieron y tampoco se celebró la audiencia porque el defensor de Ibarra Olmeda no se presentó porque tenía una audiencia en Tijuana.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum dijo a los imputados que no puede convertirse en una práctica que los abogados no se presenten porque tiene otras audiencias.

Advirtió que, si para la próxima no se presenta algún defensor, nombrará un defensor de oficio.

Mencionó que pedirá a la Defensoría de Oficio que para ese día mande un defensor a la audiencia para que, si es necesario, darle el nombramiento en lugar del defensor particular que no acuda.

Por la compra de vehículos y motocicletas, es una causa penal diferente y en ella están involucrados el Químico Benítez y el ex tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga, y el proceso tampoco ha podido empezar.

Los dos ex funcionaros fueron citados por primera vez el 3 de marzo y no se celebró porque los abogados no conocían el expediente.

La audiencia fue reprogramada para el 17 de mayo y tampoco se llevó a cabo debido a que el defensor de Alarcón Lizárraga dijo sentirse mal de la presión arterial.

El Químico y el ex tesorero volverán a la sala de audiencias el próximo 1 de junio para la audiencia por la compra de los vehículos y motocicletas; y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones el 14 de junio.

Artículo publicado el 28 de mayo de 2023 en la edición 1061 del semanario Ríodoce.

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