Cerca de tres mil personas de doce comunidades de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, de Chiapas, dejaron sus hogares y emprendieron un desplazamiento forzado huyendo de la violencia y reclutamiento forzado de grupos del crimen organizado que se pelean esa región de la frontera sur, según dio a conocer el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa.

El organismo denunció la omisión de los gobiernos federal y estatal, ya que desde el día lunes 22 de mayo pasado, “iniciaron los enfrentamientos entre dos bandos del crimen organizado y hasta hoy se escucha que hay más de 60 muertos de ambos bandos”.

Por otro lado señaló que en el marco de los enfrentamientos, “uno de los grupos usó drones cargados con explosivos de C4, y armas de alto calibre, y se presume que son los tipos de armas que han usado en las casas de los pobladores del ejido que nada tienen que ver”.

“Debido a esta situación, no se sabe ni existe claridad de qué bando ya están entrando a saquear y robar bienes y dinero de los pobladores, saquearon la tesorería del Ejido llevando un botín considerable y  en las casas están robando dinero”, indicó.

Asimismo agregó que casi todo el Ejido de Nueva Independencia, conocido también como Lajerío, municipio de Frontera Comalapa, que son alrededor de más de tres mil personas entre niños, hombres, mujeres y adultos de la tercera edad se han visto la necesidad de dejar sus casa y bienes hacia otros lugares lugares para refugiarse y desplazarse forzada.

Lo mismo ha pasado en los Barrio  El corralito, Absalón Castellanos,  Santo Domingo, Ejido Benito Juárez, Ejido  Nicolás Bravo, Ejido  Costa Rica, Ejido  Mazapa, Ejido Candelaria, todos del municipio de Frontera Comalapa. Y a los pobladores  ejidos de Josefa Ortiz de Domínguez y Ejido Pablo L. Sidar del municipio de Chicomuselo.

“Hasta la fecha el gobierno y Ejército, Guardia Nacional no han intervenido y hay una crisis de personas desplazadas, las cuales reciben el apoyo y la solidaridad del pueblo de las comunidades mencionadas, ante la ausencia total del gobierno federal y estatal”, indicó el organismo.

Y agregó que “ninguna autoridad hasta el momento hace nada, dejando al pueblo en absoluto abandono y a su suerte”.

Y que, de los sucesos graves que están pasando y de lo que ocurra “es responsabilidad plena del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Se configuran graves vulneraciones de los derechos humanos y los gobiernos federal y estatal son responsables por su omisión y negligencia”.

“Pedimos a los compañeros y compañeros de las comunidades en donde se están refugiando las personas que se han desplazado por la violencia de bandos del crimen organizado y la indiferencia de los gobiernos federal y estatal, que sean solidarios en la medida de sus posibilidades, que se organicen para apoyar con maíz y frijoles o con lo que se tenga para apoyar. Son tiempos difíciles, y sólo la organización y solidaridad del pueblo salva al pueblo, porque en este momento el gobierno están más ocupados en sus campañas políticas y vulnera los derechos humanos de las personas dejándolas abandonadas y a su suerte” señaló el CDH Dign Ochoa.

Ya son cinco días que la violencia ha impactado en comunidades de Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, municipios fronterizos donde presuntos sicarios del Cártel del Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación se disputan el control de ese territorio.

En fotos y videos ha quedado documentado cómo huyen las familiares entre las calles y las montañas, de cómo vehículos monstruos y convoyes patrullan las calles y caminos rurales para imponerse ante grupos rivales.

Esta violencia en esa región tiene casi dos años, desde que el CDS tuvo una escisión tras la muerte de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, alias El Junior.

Proceso