La Fiscalía General del Estado viola los derechos humanos de los universitarios al filtrar información a los medios de comunicación para generar en la opinión pública el desprestigio de los involucrados, por lo que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) responderá usando todos los recursos legales que sean necesarios, señaló el abogado general de la Universidad, Robespierre Lizárraga Otero.
“Lo primero es la violación flagrante a los derechos humanos de las personas que aparecemos en ese documento, en esta nota periodística que ilegalmente la Fiscalía General del Estado ventila ante los medios de comunicación, porque ese hecho de ventilar ese documento y publicitar una denuncia de ese tipo evidentemente viola el debido proceso y la presunción de inocencia que son derechos humanos que flagrantemente fueron vulnerados por parte de un órgano del estado”, expresó.
Señaló que esta “intentona” forma parte de la andanada que el aparato gubernamental ha desatado en contra de la institución por defender la autonomía Universitaria a raíz de la aprobación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.
Por su parte, Ramón Bonilla, integrante del cuerpo de abogados de la Universidad, enfatizó que “la postura de la UAS es un compromiso indeclinable por la defensa de la autonomía, no se dará un paso atrás y se va a acudir a tribunales y juzgados para defender todos los rasgos sustanciales que nos lleven a que la Universidad siga siendo autónoma”.
Consideró que la Fiscalía se ha distinguido en este asunto de enterar a los universitarios del tema por la prensa cuando saben que no deben filtrar documentos de una carpeta porque están provocando que a las personas que aparecen ahí, la opinión pública las considere culpables, aun cuando es evidente que ni siquiera han sido sentenciadas y con ello se viola la presunción de inocencia.
Mencionó que no hay confianza plena en las instituciones locales ni creen en la división de poderes ya que se ve una simbiosis insana entre el poder ejecutivo y legislativo, así como al parecer también el judicial y con la Fiscalía que se están prestando para crear y formular imputaciones y delitos a funcionarios de la UAS con el único ánimo de desprestigiar la honorabilidad.
“No se les ha comprobado ningún delito, no se les está respetando su derecho a la presunción de inocencia, ni respetando el valor de la secrecía de las indagatorias, tampoco se les está respetando su derecho a defensa porque no se les está citando para que se defiendan ante la Fiscalía”, manifestó.
Lizárraga Otero señaló que con la ley en la mano y la seguridad de haber actuado en todo momento con estricto apego a la legalidad, se atenderán todos los asuntos necesarios con plena conciencia y conocimiento de que es una persecución política y que no va a haber piso parejo para los universitarios.
“Vamos a agotar todas las instancias legales que el ordenamiento jurídico nos brinda, vamos a presentar queja ante la CEDH, en su momento presentar denuncias penales y vamos a hacer uso de los recursos que la justicia federal nos deja (…) la Universidad va a salir en lo jurídico adelante en esta lamentable persecución que está padeciendo”.