Iniciativa Sinaloa se pronunció a través de un desplegado sobre la preocupación a los avances de la Ley para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, a un año de su aprobación.
De acuerdo con la organización el asesinato de Javier Valdez, el 15 de mayo del 2017 motivó a la lucha de organizaciones, periodistas y personas defensoras en busca de mecanismos de protección y prevención.
En el desplegado Iniciativa Sinaloa, señala que el crimen de Luis Enrique Ramírez antecedió la aprobación de dicha ley, el 24 de mayo del año pasado.
Asimismo reconoció el avance que ha significado el establecer un marco regulatorio en materia de protección y prevención, sin embargo preocupa la agenda pendiente y los riesgos en el retroceso en los objetivos alcanzados, por lo que exigen seis puntos.
El primero, que se destine el presupuesto suficiente al Instituto, ya que se le otorgan apenas la mitad de lo solicitado por la Dirección General.
Que se le de seguimiento en el Congreso ante la aprobación de una vicefiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos.
Asimismo que el Congreso designe al titular del Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.
Que los gobiernos municipales y el estatal hagan públicos los lineamientos para contratar publicidad.
Que el Instituto consolide su operatividad mediante mapas de riesgo y planes de prevención, y que el Consejo Consultivo de este sea el organismo que vigile y medie para que las disposiciones de la Ley se concretes y mejoren.
