El gobernador Rubén Rocha Moya ordenó a la Secretaría de Administración y Finanzas dar a conocer el nombre de los proveedores a los que compraron vehículos por 122 millones de pesos y que fue reservado por cinco años.
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Ríodoce dio a conocer que la SAyF aprobó la compra de vehículos para la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y reservó el nombre de los proveedores argumentando que se ponía en riesgo la seguridad pública y de los servidores públicos.
Rocha Moya fue cuestionado durante su conferencia semanera de ayer lunes por la decisión de no dar a conocer a quiénes les hicieron las compras y dio instrucción para que informaran el nombre de las empresas.
“No creo yo eso (que se ponga en riesgo la seguridad), no creo que tengan sustento ¿por qué?, al que le compren, además en los autos y esas cosas hasta hemos batallado para que nos vendan, por qué no les dicen quiénes sí nos vendieron”, comentó.
Pidió a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas le enviara un informe sobre la reserva de la compra de los vehículos.
“Que me den un reporte a mí y la justificación de lo que sea, lo que no admito yo de ninguna área de la administración es que no les den a los periodistas la información, yo no sé por qué no la dan ¿tienen algún riesgo que los vayan a descubrir de algo? a todas las áreas le digo”, expresó.
Tras la instrucción de Rocha Moya, la SAyF informó que una compra de 17 vehículos para la Fiscalía General del Estado por 6 millones 929 mil 999 pesos fue a la empresa Grupo Torres Corzo del Bajío, ubicada en San Luis Potosí.
Las unidades son automóviles utilitarios de la marca Nissan.
Para la SSPE aprobó otra compra de 17 autos por 18 millones 54 mil 969 pesos a la empresa Culiacán Motors, ubicada en Culiacán.
También para la SSPE compraron seis vehículos blindados por 22 millones 759 mil 705 pesos; y 12 por 074 millones 920 mil 920 pesos a la empresa Transportadora de Protección y Seguridad con sede en Monterrey.
