Muestra ‘dientes’ la ASE contra la UAS

Muestra ‘dientes’ la ASE contra la UAS

La Auditoría Superior del Estado concluyó la semana con una demanda penal contra las autoridades de la UAS, que encabeza el rector Jesús Madueña Molina.

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La presentación de la denuncia penal se produjo luego de la negativa de la UAS de permitir la ejecución de la auditoría específica derivada de una denuncia ciudadana.

Al día siguiente, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado respaldó la postura de la ASE, y pidió siguiera con el procedimiento para realizar la auditoría específica.

La reunión de trabajo se realizó porque la titular de la Auditoría, Emma Félix Rivera, le envió un oficio a la Comisión de Fiscalización dando cuenta de los obstáculos a los que se había enfrentado en la UAS para realizar una auditoría. Era ya el segundo oficio, ya había enviado otro en el mismo sentido el 31 de marzo.

“Encontramos una serie de inconsistencias y lagunas”, afirmó la coordinadora del PAS en el Congreso del Estado, Alba Virgen Montes Álvarez, ante sus compañeros diputados de la Comisión de Fiscalización sobre los hechos que sucedieron en más de siete horas cuando la ASE estuvo en las instalaciones de las UAS.

La diputada del PAS respaldó la postura de la UAS en el sentido de afirmar que la Auditoría Superior del Estado no tiene competencia en fiscalizar los recursos propios la universidad.

Como bancada del PAS, dijo a sus compañeros, consideraban que la ASE estaba actuando al margen de la ley, excediéndose de sus facultades, y por tanto se estaba prestando a una persecución política en contra de la UAS.

Esto no se había visto desde los viejos tiempos represores de los setentas y ochentas, manifestó.

La reunión de la Comisión de Fiscalización se produjo un día después de que la ASE presentara la denuncia penal contra las autoridades de la UAS y casi simultáneamente cuando la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Félix Rivera, hiciera del conocimiento público que se había pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El hecho fue criticado por el PAS porque consideró que al hacer públicas las acciones legales emprendidas en materia penal, se violaba el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

Esto confirma, recalcó, que se trata de una persecución política, emprendida contra la UAS, su rector Jesús Madueña Molina y el abogado general, Robespierre Lizárraga Otero. “Se busca dañar su imagen pública, al hacerlos parecer culpables de un delito que no se ha demostrado ante un juez”.

En oficio remitido por la ASE a la Comisión de Fiscalización, que encabeza el diputado Sergio Mario Arredondo, relató que el pasado 16 de mayo, había intentado sin éxito realizar una auditoría específica a la UAS, pese a que desde el 4 mayo se había dirigido un oficio al rector Jesús Madueña Molina, sobre la diligencia.

La auditoría específica se había iniciado por una denuncia ciudadana presentada respecto a hechos de corrupción consistentes en posibles desvíos de recursos hacia fines distintos a los autorizados e irregularidades en la captación y manejo de los recursos públicos de carácter propios de la universidad, durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

En la documentación hecha llegar a los diputados, se consignó que el 15 de mayo, la UAS mediante oficio de Robespierre Lizárraga, en calidad de apoderado legal de la universidad, manifestó que carecía de competencia legal para fiscalizar los recursos propios de la institución y que se violaba la suspensión otorgada al rector en el juicio de amparo indirecto tramitado ante el Juzgado de Distrito de Estado de Sinaloa.

De manera casi inmediata, la ASE respondió el 16 de mayo a la UAS mediante oficio que la ASE es competente y cuenta con facultades suficientes para la revisión y fiscalización de los recursos propios de la universidad, y que, además, no se incumplía la suspensión decretada por el juez federal.

Fue entonces que, el 16 de mayo, el personal de la ASE comisionado para la práctica de la auditoría acudió a la UAS y solicitó la presencia del rector, pero fueron atendidos por Lizárraga Otero, como apoderado legal, y quien designó como testigos de asistencia a José Alfredo Peinado Parra y Alfonso Ontiveros Salas.

Señalaron los representantes de la UAS, de nuevo, que no tenía facultades la ASE. Ninguno de los representantes de la UAS accedió a firmar el acta levantada por los auditores durante la diligencia.

Al día siguiente la auditora especial de Cumplimiento Financiero informó al director de Asuntos Jurídicos de la ASE que las autoridades de la UAS no habían entregado la información solicitada para realizar la auditoría, por lo que se buscaría la imposición de multa.

Por no atender a solicitudes de información solicitadas para realizar la auditoría, pidió la autorización de la Comisión de Fiscalización para que resuelva los procedente de acuerdo a la Ley de la Auditoría Superior del Estado.

El PAS consideró una falta de respeto que la ASE pidiera a la Comisión de Fiscalización un pronunciamiento sobre los términos de artículo 61 de la Ley de Auditoría Superior, cuando la Dirección de Asuntos Jurídicos ya presentó una denuncia penal.

El texto de la ley señala que en el caso de que un funcionario o representante legal se niega a aportar información o permita la realización de auditoría, debe hacerlo del conocimiento de la Comisión de Fiscalización para que se resuelva lo procedente.

Artículo publicado el 21 de mayo de 2023 en la edición 1060 del semanario Ríodoce.

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