Morena y PAS se enfrascan en acusaciones mutuas

A falta de una ley en materia de tortura en Sinaloa, diputados del PAS, PRI y Morena, debatieron en tribuna si han atendido suficientemente lo señalado en la legislación en la materia desde 2017.

De acuerdo al artículo transitorio tercero de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, tenían un plazo de 180 días de la entrada en vigor del decreto, publicado el 26 de junio de 2017, para que la Legislatura de cada entidad federativa armonizara su marco jurídico.

El tema salió a flote porque el PAS planteó a modo de denuncia en tribuna, que el Congreso del Estado estaba incurriendo en una omisión legislativa al no cumplir a cabalidad con lo mandatado con la Ley General, ni con las recomendaciones emitidas a Sinaloa por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República.

La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Elizabeth Chía Galaviz, recordó que había recibido al igual que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, un oficio suscrito por el director ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Antonio Rueda Cabrera, para notificar una serie de recomendaciones, entre ellas para presentar y promover iniciativas de ley, para que Sinaloa promulgue una ley en la materia que tome en cuenta el marco normativo de la Ley General.

Ya desde el año pasado el Congreso del Estado recibió de parte del Senado de la República un exhorto que llegó a Sinaloa, como a las otras entidades del país, para armonizar la normatividad local en materia de tortura para evitar confusión en la aplicación de normas y sanciones.

En tribuna la diputada del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, recordó que la Ley General en materia de tortura fue resultado de una conminación que recibió México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tema no es nuevo. Desde la Legislatura anterior, de la cual también formó parte, recibió un oficio en donde se le dijo al Congreso del Estado implementara un trabajo legislativo para atender el tema de la tortura.

Fue entonces que se modificó la tipificación del delito de tortura en Sinaloa, pero no fue considerado suficiente por una comisión interinstitucional, aunque justificó la legisladora que se hizo algo por parte del Congreso local.

Manifestó que ve con preocupación que llegó nuevamente en 2021 otro oficio del Senado de la República, cuando en la mesa directiva estaba el diputado Gene Bojórquez Ruiz, y se turnó a la comisión de Derechos Humanos. El tema ha sido tratado en dicha Comisión, pero esta considera están acotados para resolver porque requiere atenderse bajo la directriz de la Junta de Coordinación Política.

Aunque existe una propuesta de un grupo parlamentario, en relación a una propuesta que planteó el PAS, deberá atenderse por toda la Legislatura para atender a las exigencias de la Ley General y de la mesa interinstitucional que pide la prevención, la atención y la sanción en una Ley de Tortura del Estado de Sinaloa.

En su intervención, el diputado vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, José Manuel Luque, consideró que en el nuevo Estado mexicano está comprometido con la dignidad y la vida de las personas, no promueve desde ninguna perspectiva la represión, la tortura o cualquier acto que degrade la condición física o moral.

Reconoció que hay recomendación de la Comisión de Derechos Humanos para Sinaloa y otras entidades, así como exhortos del Senado de la República para armonizar las leyes para la tortura, y que están emplazados a hacerlo.

Desestimó que el tema de denuncia ni de iniciativas en la “congeladora”, en alusión a que la diputada del PAS señaló que su grupo había presentado una iniciativa sobre una ley de tortura para estado en Sinaloa y podría no ser atendida.

En su exposición de motivos, el PAS argumentó en su iniciativa de ley contra la tortura que, durante muchos años, este tipo de conductas se convirtieron en un secreto a voces dentro del sistema de justicia en todo el país.

El maltrato de ciudadanos, presos políticos o presuntos delincuentes a manos de autoridades, no se reconocía oficialmente, pero sí era conocido por los ciudadanos.

La impunidad ante estos actos permite seguir incurriendo en esta grave violación a los derechos humanos, y deja en total desamparo a las víctimas, aunado a que las familias se vuelven objeto de amenazas e intimidación par que no denuncien la tortura, advirtieron.

El tema llevado a tribuna sobre la tortura derivó no en un plazo o compromiso para legislar en la materia, sino en un jaloneo entre el PAS y Morena con tintes políticos y electorales.

Artículo publicado el 16 de abril de 2023 en la edición 1055 del semanario Ríodoce.