Cuatro países del Caribe se unieron a México en una demanda por 10 mil millones de dólares contra varios fabricantes de armas de Estados Unidos a los que responsabilizan del daño causado en sus territorios por esa mercancía.
Bahamas, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas son los cuatro miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se sumaron al escrito presentado por México en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito.
“Las armas de fuego usadas en actos violentos en Bahamas no son fabricadas aquí, sino en el extranjero, e ilegalmente traídas a través de nuestras fronteras”, expresó este miércoles en una nota la Oficina del Primer Ministro de Bahamas.
“Un elemento crítico en el esfuerzo del gobierno por reducir los crímenes violentos en el país es tomar medidas contra la proliferación de armas, enfocadas en fortalecer las fronteras y puntos de entrada interrumpiendo redes de contrabandistas”, agregó.
A estos países se unió también la Red Latinoamericana y Caribeña para la Seguridad Humana, una red de organizaciones no gubernamentales centrada en el derecho humanitario y la búsqueda del desarme en la región de América Latina y el Caribe.
A principios de mes, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, dijo que pese a que México había perdido un proceso inicial ante la Justicia estadounidense para luchar contra la producción de armas de fuego, “continuará batallando” por ello.
Rowley, igualmente, sostuvo que el Gobierno de México instó a Caricom a unirse a la lucha en las cortes de EU por ser “responsable del caos que ha desatado en nuestras sociedades”.
México presentó en octubre pasado una demanda contra cinco empresas estadounidenses por tráfico de armas, la segunda que interpone debido a la utilización de dispositivos armamentísticos procedentes de dichas compañías en crímenes en el país.
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En agosto de 2021, el Gobierno mexicano demandó a once fabricantes de armas ante una corte en Boston por negligencia y por fomentar el tráfico ilícito, pero fue desestimado por un juez.
En el documento judicial, los países demandantes reclaman que “el tráfico ilegal de armas de fuego en EU debe ser restringido por su fuente principal: la industria de armas en el país”.
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La declaración alega que “las prácticas de la industria de armas de fuego en EU, incluida la venta masiva de armas a traficantes que se sabe que participan en prácticas relacionadas con el contrabando ilegal, han causado un daño significativo a los países de la región de América Latina y el Caribe”.
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