En una sesión que se prolongó por ocho horas, el Congreso aprobó por mayoría y con el voto en contra del PAS, la Ley de Educación Superior.

Con insistencia el PAS cuestionó que había prisas en aprobar la ley, pese a que no habían tenido el tiempo suficiente para analizar el dictamen.

La sesión se prolongó porque la bancada del PAS reservó un total de 11 artículos, los cuales fueron discutidos en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación y de Educación
Pública y Cultura, pero fueron rechazados uno por uno al interior del trabajo de comisiones y ante el Pleno.

Entre los puntos objetados estaba la acusación que se violaba la autonomía universitaria y que debía postergarse para el ciclo escolar 2024-2025 la entrada en vigor del nuevo marco legal de la educación superior en Sinaloa, ya que el enfoque de gratuidad sería inoperante porque se requería presupuesto, el cual no se había considerado para el 2023.

José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, descartó que se estuviera trabajando al vapor ya que desde que se expidió la Ley General de Educación Superior en 2021, se tenía la obligación de realizar la homologación en seis meses, y posteriormente se dio un nuevo plazo a todas las entidades que concluyó en diciembre pasado.

Por su parte los diputados de Morena y el PRI coincidieron en defender el dictamen de la Ley de Educación Superior porque consideraron que no tiene ninguna etiqueta, es incluyente, garantiza la gratuidad, incorpora las lenguas indígenas, y entrega mejores instrumentos para su desarrollo a las universidades y centros de investigación.

De acuerdo a uno de los artículos transitorios del dictamen aprobado, la gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en Sinaloa en función de la suficiencia presupuestal a partir del ciclo 2023-2024.