La red de 18 empresas “fachadas” operó desde la Ciudad de México
El Cártel de Sinaloa lavó más de 6 mil millones de pesos en cinco años con una red de empresas factureras en la Ciudad de México.
De acuerdo con documentos judiciales, uno de los involucrados identificado como Santiago, fue detenido y vinculado a proceso penal por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidades de recibir, transferir y ocultar o pretender ocultar recursos dentro del territorio nacional.
El lavado de dinero fue mediante una red de 18 empresas legalmente constituidas pero que eran “fachadas” y operaron entre 2013 y 2018.
La red fue descubierta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y denunciada en la Fiscalía General de la República.
En la investigación inicial la UIF detectó que diversas empresas en su conjunto habrían operado entre octubre de 2017 y abril de 2018 más de 2 mil millones de pesos, sin justificación contractual alguna, sin reportarlo a las autoridades y sobre todo, sin tener actividad comercial, dado que eran empresas “EFOS”, empresas que facturan operaciones simuladas.
De acuerdo con la UIF, se identificaron coincidencias entre diversas empresas en cuanto a representantes legales y domicilios, los cuales además presentan vínculos financieros inexplicables.
Las entidades mercantiles investigadas, señala, forman parte de un esquema de operación destinado a introducir al sistema financiero recursos de procedencia ilícita, puesto que se detectaron irregularidades en su operatividad, que pone de relieve que éstas no operan con la finalidad de cumplir con su objeto social.
Se advierte irregular e incongruente que las entidades mercantiles realicen operaciones por elevados montos a favor de personas físicas a través de cheques y transferencias, dado que no es acorde a una operatividad real. Se advierten indicadores de que las empresas del esquema son empresas fachada, controladas por un mismo grupo de personas, dado que comparten accionistas, representantes legales, apoderado u otros miembros de la estructura corporativa.
La UIF señala que una de las empresas está relacionada con el esquema financiero implementado para lavar dinero por Manuel Rodolfo Trillo Hernández y señalado de financiar la fuga del Chapo Guzmán, en 2015.
Trillo Hernández fue detenido en 2015 como operador financiero del Guzmán Loera por presuntamente utilizar el sistema financiero para distribuir 954 millones de pesos en cinco años, utilizando tres entidades falsas y 16 cuentas.
La FGR ahondó en las investigaciones de la red de la que formaba parte Santiago y encontró que la triangulación de recursos fue de más de 6 mil millones de pesos.
Desde 2013 y por lo menos hasta diciembre de 2018, señalan los documentos, los involucrados han desplegado en forma permanente conductas que tienen como finalidad cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de recibir, transferir y ocultar o pretender ocultar recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Los documentos detallan que “simulaban operaciones comerciales para pretender justificar el tránsito de recursos en las cuentas bancarias y así dotarlos de apariencia de legalidad. Con ello se lograron operaciones ilegales por más de 6 mil ,120 millones, ejercidos entre mayo de 2013 y diciembre de 2018”.
Como parte de la investigación aseguraron 63 cuentas bancarias contratadas a nombre de las personas involucradas, desde las que se hicieron depósitos y retiros millonarios.
El imputado, en dos de sus cuentas, entre 1 de marzo de 2015 y el 30 de abril de 2018, recibió 907 depósitos por 406 millones 638 mil 446 pesos e hizo 670 retiros por 406 millones 28 mil 997 pesos.
En otras cuentas a su nombre, del 14 de agosto de 2015 al 31 de octubre de 2018, se recibieron 2 mil 138 depósitos por 1 mil 004 millones 326 mil 606 pesos y se hicieron mil 969 retiros por mil un millones 480 mil 804 pesos.
En las investigaciones la FGR identificó a Santiago como uno de los responsables y obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada el 10 de junio de 2022 y quedó a disposición del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez.
El juez de control encontró elementos suficientes y el 19 de junio fue vinculado a proceso penal.
El juez dictó prisión preventiva que cumplirá en su domicilio por el estado de salud que padece.
Artículo publicado el 25 de diciembre de 2022 en la edición 1039 del semanario Ríodoce.
