El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó  el decreto que extienden la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, el cual entra en vigor el sábado 19 de noviembre.

El mandato por el que se reforma al artículo 5° transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, se incluyó este viernes en el DOF; con este, se establece que el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública hasta 2028.

La publicación se dio después de que el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas locales la ratificaron esta reforma.

El decreto establece que la participación del Ejercito deberá ser extraordinaria, acreditando su “absoluta necesidad”, y “temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil”. Igualmente, estará regulada y fiscalizada, con rendición de cuentas, y estará subordinada y será complementaria, por lo que las labores solo podrán realizarse en su auxilio o complemento.

El documento apunta que Fuerza Armada deberá capacitarse en la doctrina policial civil y sus actividades “en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles”.

Asimismo señala que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral para evaluar los resultados en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para lo que se establecerá, en un plazo no mayor a sesenta días, una comisión bicameral que se reunirá cada que la convoque su directiva. Para la emisión del dictamen semestral, la comisión convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.

El dictamen evaluará el cumplimiento del decreto y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente del ejército en esas labores.

Mientras que en la Cámara de Senadores se evaluará su participación a fin de garantizar que concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública las asuman en la fecha establecida.

Por su parte las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente una evaluación integral, en una perspectiva de seis años. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.

El decreto también estipula que se establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios “destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública”, independiente de otro ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin”, subraya.

Hasta un 25 por siento se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En adición, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación.