La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, propuso a diputados reformar a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para garantizar la legalidad y la transparencia.

Ante la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, expuso la necesidad de que se cumpla el derecho de acceso a la información pública para que exista más certeza ciudadana en los procesos de contrataciones públicas de las obras públicas y se haga efectivo el buen manejo de los recursos públicos y el combate a la corrupción.

Sostuvo que deben visibilizarse estos procesos a la ciudadanía para que sean realmente obras con pertinencia porque actualmente muchas veces no son conocidas por la población.

El ingeniero civil Pedro López Barbeitia, testigo social de obras públicas, comentó que el presupuesto debe elaborarse de manera objetiva porque cuando no alcanza se debe acudir a conceptos complementarios o extraordinarios, corriendo el riesgo de que esos montos adicionales presenten otro tipo de situaciones.

En el encuentro también participaron Gabriela López, secretaria técnica de la Comisión, y Sibely Cañedo coordinadora de Investigación de Iniciativa Sinaloa, Sheila Arias de Observatorio Ciudadano y el ciudadano Juan Mejía.

Los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado de Sinaloa coincidieron en la necesidad de legislar para fortalecer la transparencia en los procesos de obras públicas, asegurar la participación ciudadana y erradicar la corrupción.

El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión, subrayó que quieren un Sinaloa más justo que avance en el tema de la transparencia en la obra pública y que la participación no sea discriminada, por lo que se encuentran analizando todas las propuestas e incluirlas en la futura reforma que están planteando.

Apuntó que se contempla legislar para que los testigos sociales sean realmente testigos y no observadores.

El diputado Feliciano Valle Sandoval, secretario de la Comisión, señaló que las adjudicaciones directas son una constante en los ayuntamientos, cuando buscan la oportunidad de no ir a una licitación, que aunque es legal, no es lo más correcto, por lo que es necesario regular y evitar el abuso de este instrumento.