La iniciativa de reforma electoral del presidente acaba con los órganos electorales locales y con los tribunales electorales estatales.

La destrucción de los órganos sinaloenses no ahorra dinero.

El INE, o el organismo con el que quieren suplirlo, no puede encargarse sin más ni más de organizar las elecciones estatales de Sinaloa.

No tiene ni el personal ni las instalaciones necesarias.

Por dar un ejemplo: El INE solo tiene ocho oficinas en el estado, una por cada distrito electoral federal. En las elecciones estatales hay 24 distritos locales. Para cubrirlos todos tendría que rentar 16 oficinas más de las que ahora tiene.

Se gastaría lo mismo pero ahora el dinero estaría en manos de un órgano central, radicado en la Ciudad de México.

Lo mismo sucedería con la justicia electoral.

El Tribunal Federal no tiene ni instalaciones ni personal ni presupuesto para hacerse cargo de los comicios locales.

Además, la destrucción de los órganos sinaloenses nos arroja al pozo del centralismo.

Recurrir al centralismo para desarrollar acciones locales no resuelve ningún problema y sí crea nuevas dificultades.

Por ejemplo, las aclaraciones, el diálogo y la interacción entre los actores sociales y políticos con la autoridad electoral se entorpecería.

La máxima autoridad electoral estaría en el centro del país.

Cualquier cosa a tratar con las instancias superiores habría que ir a Viaducto Tlalpan 100, colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía de Tlalpan muy al sur del, antes, DF.

Las decisiones definitivas estarían lejos de los sinaloenses pero cerca de la oficina del presidente.

Podría suceder que a los órganos centrales les den más trabajo pero no les den más presupuesto. Eso implicará que faltará todo lo necesario. El austericidio. Como la falta de medicinas, los programas anti hackeo y las citas del SAT.

Si les dan más dinero no hay ahorro, si no les dan más dinero entonces no habría justicia

Si le dan más dinero al INE no hay ahorro, si no le dan más dinero, no habrán elecciones con casillas, personal, capacitación y papelería suficiente.

En todos los casos, la mayor centralización significará torpeza, lentitud, riegos y errores.

El presidente tiene un afán centralizador. Le gusta que el poder esté concentrado cerca de él y, de preferencia, controlado por él. Los procesos descentralizados son más difíciles de controlar por eso no le gustan.

Las reforma electoral propuesta por el presidente no resuelve los verdaderos problemas de nuestra democracia estatal.

Los poderes fácticos, los que compran votos, los violentos y los movedores de “cash”, no son tocados por la reforma electoral morenista.

Sinaloa es una sociedad muy plural. Hay muchos intereses distintos y visiones diferentes.

Es imprescindible procesar esa pluralidad para que pueda construir objetivos comunes y alcanzar metas.

La mejor manera de lograrlo es mediante la democracia.

La democracia también es muy importante para poder ejercer nuestras libertades.

La historia enseña que cuando un gobernante concentra todo el poder, tiene muchos incentivos para abusar y convertirse en un déspota.

En las democracias, el poder está regulado, vigilado, acotado, controlado, enfrenta contrapesos.

En las democracias hay más incentivos para atender las demandas sociales porque, cuando no se hace, los electores les quitan el poder.

Las instituciones democráticas fuertes son fundamentales para detener los desplantes autoritarios de los gobernantes.

Ante el déspota, el ejercicio de las libertades se hace más difícil. Los ciudadanos somos más chiquitos frente al poderoso sin contrapesos.

Un pilar básico de la democracia es la celebración de elecciones libres y equitativas

El complejo mecanismo de la democracia en Sinaloa requiere de instancias de organización y justicia electoral sinaloenses.

En lugar de desaparecerlos, se les debe fortalecer para que puedan abatir el uso de recursos ilegales y frenar la intervención de los criminales en los comicios.

De lo que se trata es de destrabar el diálogo entre los sinaloenses y la reforma electoral que plantea el presidente lo que hace es desaparecer las instituciones que lo hacen posible, que articulan la deliberación.

El presidente busca anular la capacidad operativa de los árbitros electorales.

No dejemos que los destruyan.

Defendamos la democracia.

Artículo publicado el 06 de noviembre de 2022 en la edición 1032 del semanario Ríodoce.