Genaro García Luna habría sido parte de una red involucrada en tráfico de drogas que operaba desde México hasta Nueva York, y que funcionó muchos años después de haber dejado su cargo como secretario de Seguridad Pública en México, incluso mientras tramitaba la ciudadanía estadounidense, revelan documentos presentados por la fiscalía que lo acusa en una corte federal.

Según el documento125 del expediente 19-cr-00576, radicado en una corte del Distrito Este de Nueva York, las pruebas ligan a García Luna con un cargamento de droga incautado en Queens, en el estado de Nueva York, en 2019, y el cual se habría hecho a través de empresas fantasma, es decir, empresas que sólo tienen la fachada y un registro público de operación se encarga de enviar la droga desde una ciudad mexicana hasta Queens, y lo que se envía en realidad es droga ilegal.

Según el documento obtenido por Ríodoce, también se entregó a la corte un talón de pago a nombre de García Luna, y este vendría también de empresas fantasma que hay en México, además de una fotografía con otros cuatro de los acusados, incluyendo Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño, tomada en octubre de 2008, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública.

Las pruebas presentadas son en respuesta a una moción hecha por la defensa del ex secretario de Seguridad a mediados de este mes, en las cuales obligaba a los fiscales del caso a presentar evidencia que mostrara cómo García Luna estaba involucrado con el crimen organizado, incluyendo su relación con Joaquín ‭el‬ Chapo ‭Guzmán, el general Salvador Cienfuegos Cepeda e Iván Reyes Arzate.‬‬‬‬‬

‭Si los fiscales no entregaban pruebas se corría el riesgo de que‬ el ex secretario de Seguridad no tuviera un juicio justo y fuera liberado.‬‬

“El gobierno ha producido montañas de documentos y materiales con poca o ninguna orientación sobre qué materiales son relevantes, y solo han declarado que la evidencia de la culpabilidad del señor García Luna está contenida en los registros financieros producidos como prueba para la defensa”, observaba la moción.

Sin embargo, las pruebas entregadas vendrían a destruir el argumento de la defensa, de que nunca se ha exhibido ni una sola prueba tangible en contra de García Luna para inculparlo sobre sus nexos con miembros del crimen organizado.

Las pruebas, sin embargo, no fueron exhibidas, y al tratarse de un proceso que está a punto de iniciar, fueron marcadas con la leyenda de material protegido, al que solo la defensa tendría acceso; añadiéndose que las pruebas presentadas son sólo una parte de los millones de páginas en evidencia que dicen tener, incluyendo cientos de horas de grabación en audio y video para demostrar los nexos que el ex funcionario policiaco tuvo con líderes del Cártel de Sinaloa.

“La realidad es que el señor García Luna fue acusado más de cinco años después de que dejó sus labores como secretario de seguridad, mucho antes que supuestamente ayudara a conspirar por tráfico de droga, una acusación por cierto que él niega con vehemencia”, se lee en la página cuatro de la moción.

Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Cisen durante el mismo periodo en que García Luna fue secretario de seguridad, hizo una fuerte referencia a este señalamiento:

“Siendo realistas y objetivos, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado ninguna sola prueba en contra de García Luna y yo siento que fue acusado a partir de la acusación que hizo Reynaldo Rey‭ Zambada durante el juicio contra el Chapo Guzmán, pues justo a partir de ahí se preparó la acusación ‬en contra del secretario, y un juez aprobó entonces una orden de aprehensión”.‬‬

El periodista Jesús Lemus afirma en su libro El Licenciado, que narcotraficantes ligados al cártel llevaron maletas de dinero hasta Los Pinos y que constantemente les pedía más dinero, y a pesar de esos acuerdos, los traicionó, pues terminó arrestando al Rey Zambada y a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo.

La defensa de García Luna señala al menos 25 funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos con los cuales, de 2001 a 2012, mantuvo relaciones de trabajo muy estrechas, entre ellos con el ex presidente Barack Obama, el ex fiscal general de Estados Unidos, John David Ashcroft; Karen Tandy, entonces administradora de la DEA, Robert San Müeller, director del FBI; Hillay Clinton, ex Secretaria de Estado; David Howell, ex director de CIA; John McCain, senador y ex candidato presidencial de ese país, entre otros.

“Antes de esas reuniones, el gobierno estadounidense debió haber realizado investigaciones detalladas sobre los antecedentes del señor García Luna para asegurarse de que tales reuniones no representaran una amenaza o vergüenza para Estados Unidos, lo cual demuestra que el ex secretario estaba limpio”, se lee en el documento.

Esas relaciones, y la tardanza que tuvo el gobierno de Estados Unidos para acusarlo, habrían influido para que la defensa, liderada por el abogado Cesar De Castro, solicitara al juez Cogan que eliminen las acusaciones por conspiración por trafico, posesión y distribución de cocaína, además de acusarlo de ser parte de una organización criminal.

“Todos esos cargos se relacionan con la misma conducta de García Luna, primero como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones de México, de 2001 a 2005, y luego como secretario de Seguridad Pública de México, de 2006 a 2012, en donde supuestamente conspiró con el cártel de drogas de Sinaloa al aceptar sobornos a cambio de protección”, explica la moción.

García Luna, de 53 años, fue arrestado en 2019, en el aeropuerto internacional de Dallas, Texas.

De ser declarado culpable, enfrentaría una pena de cadena perpetua.

Artículo publicado el 30 de octubre de 2022 en la edición 1031 del semanario Ríodoce.