En 2019, el gobierno del presidente López Obrador entregó 192 millones de pesos a 41 mil 694 personas que no cumplían las condiciones para ser beneficiadas con el programa de apoyo a personas con discapacidad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) buscó a un grupo de beneficiarios para verificar su existencia y no localizó al 62 por ciento.

Ciento sesenta y dos personas que laboran en el gobierno como encargados del programa también aparecieron como beneficiarios del mismo, cuando el supuesto es que se apoya a quienes una discapacidad les impide trabajar.

En 2020 no dejaron de suceder irregularidades y presuntos delitos.

La ASF encontró entrega de dinero a individuos ya fallecidos; a beneficiarios con la CURP inactiva, inválida o inexistente, esto es, que no se puede saber si son personas reales, y encontró pagos duplicados. Todo implicó un monto de 96 millones de pesos.

La Auditoría advierte que las irregularidades surgen debido a una falla estructural: “no aseguraron el registro, seguimiento, veracidad, oportunidad y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos del programa, en incumplimiento de la Ley”.

Los problemas del programa no son solo de corrupción.

Hay graves deficiencias en cómo se creó y diseñó.

La Auditoría Superior de la Federación pidió oficialmente a la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, que sancionara a los funcionarios que implementaron el programa por no contar con un diagnóstico de las necesidades y dificultades de las personas aquejadas por una discapacidad´, para basar ahí su diseño e implementación.

Fue una ocurrencia la cantidad a entregar, la población objetivo y el definir que a todos les dieran lo mismo sin importar su condición económica, entre otros aspectos.

“Nada sobre nosotras sin nosotras” es una reivindicación y una idea clave del movimiento de las personas con discapacidad.

Distintas organizaciones civiles de discapacidad han señalado la importancia de que la política pública sea elaborada con la participación de ellas.

El gobierno federal lo hizo por su lado y sin diagnóstico sobre el tema.

El programa está ofreciendo una solución insuficientemente diseñada para resolver los problemas de las personas con discapacidad.

El programa opera con ineficiencia y desorden.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), un organismo del gobierno, recomienda a la Secretaría del Bienestar que haga algo básico y elemental que no ha hecho: “un manual de procesos donde se especifiquen los procedimientos internos, así como los tramos de responsabilidad para cada uno de los involucrados en los procesos del modelo operativo del Programa”.
Esto es, les pide que remienden su desbarajuste.

Las reglas de operación del programa niegan el apoyo a personas que lo necesitan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó el 9 de octubre pasado a dos personas con discapacidad y ordenó a la Secretaría de Bienestar que ignore el tipo de municipio donde viven y que, en su lugar, evalúe sus condiciones socioeconómicas para decidir si deben acceder o no a la pensión.

Los programas mal diseñados y mal implementados se corrompen, no llegan a quien lo necesita y no son una ayuda real.

Los verdaderos beneficiarios suelen ser los políticos que los usan para hacerse propaganda y crearse una buena imagen.

La ASF llegó a la siguiente conclusión:

“La Secretaría de Bienestar carece de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los aspectos básicos de la operación, de la aplicación de los recursos federales y de los fines del programa, el cual permita detectar y corregir, de forma oportuna, deficiencias e incumplimientos”.

Alejandro Michel Carreto Cruz pidió recibir el programa en 2019.

Cuatro meses después le perdieron los papeles que presentó y tuvo que ir a entregarlos de nuevo.
“A principios de 2020 me informaron que la tarjeta ya estaba, que fuera por ella. Fui y me dicen que la habían regresado a México porque tenía algo mal. Llevo como 2 años que me dicen que ya está activada y recibiendo dinero, pero no me la entregan”, asentó al portal Angulo 7.

Le piden volver a hasta enero de 2023.

“Lo que yo iba a recibir lo iba a utilizar para estudiar la universidad, pero debido a que no me la han dado, no he podido”, declaró.

Artículo publicado el 16 de octubre de 2022 en la edición 1029 del semanario Ríodoce.