El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) notificó al Congreso del Estado de Sinaloa la sentencia en la que señala que el gobernador Rubén Rocha Moya incurrió en una infracción al vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el proceso electoral a la gubernatura de Hidalgo.
La notificación de la sentencia que fue recibida por el Poder Legislativo el pasado 30 de agosto fue leída ante el Pleno de la sesión extraordinaria celebrada este jueves, y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y determinación.
La sentencia se originó por una queja que presentaron los partidos PAN, PRI y PAN contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el gobernador Rubén Rocha Moya, y el entonces candidato común a la gubernatura postulado por “Juntos Hacemos Historia Hidalgo” y Morena, al asistir como servidores públicos el pasado 21 de mayo a un evento proselitista a favor de dicha candidatura.
En la sentencia el Tribunal resolvió inexistentes las infracciones de uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental atribuidos a Adán Augusto López Hernández y Rubén Rocha Moya.
En la misma sentencia fue señalada un imposición de una multa a Julio Ramón Menchaca Salazar, entonces candidato, por la responsabilidad indirecta atribuida al obtener un beneficio por la participación de personas del servicio púbico en uno de sus eventos de campaña y por la difusión de las publicaciones en sus redes sociales.
Tanto para el secretario de Gobernación como para el gobernador de Sinaloa la sentencia no señala una sanción.
El pasado mes de julio el Congreso del Estado se deslindó de aplicar sanciones al gobernador Rubén Rocha al recibir una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación por haber incurrido en la realización de propaganda durante la revocación de mandato.
En el dictamen presentado se estableció que el Congreso del Estado no es una autoridad competente porque en la sentencia no se determinó el uso indebido de recursos públicos.
