Nuevo informe revela que la orden de matar a normalistas la dio Abarca; que había un soldado infiltrado, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en diferentes lugares y que la masacre fue un crimen de Estado
“Mátalos a todos, Iguala es mío”, fue la orden que el ex alcalde José Luis Abarca, identificado como “A1”, habría dado la noche del 26 de septiembre de 2014. Ese mensaje telefónico y otros similares dados por líderes de Guerreros Unidos, marcarían el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El extracto del registro del teléfono de “A1”, que Alejandro Encinas identificó como Abarca, forma parte del Informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, que fue presentado el pasado 18 de agosto, y en el cual se revela nueva información que echaría por tierra la llamada “Verdad histórica”.
El documento de 103 páginas y que reúne 41 mil 168 documentos, exhibe que entre los normalistas había un militar infiltrado, que un coronel participó en la muerte de al menos seis estudiantes, que en la desaparición y ejecución de los jóvenes hubo complicidades y omisiones de autoridades de los tres niveles de gobierno, y que se trató de un crimen de Estado.
La nueva información señala como uno de los principales responsables de la creación de la llamada “Verdad histórica” a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, quien fue detenido el 19 de agosto, así como a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien llevó el caso y se encuentra escondido en Israel, país con el cual México no tiene un tratado de extradición, lo cual ha hecho más complicado traerlo a este país. Los demás nombres están testados.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa… constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano… no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, afirmó Encinas.
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
El informe reúne documentos de 15 instituciones públicas de México y Estados Unidos, entre videos, comunicaciones, radiogramas, mensajes de texto, llamadas telefónicas, cartografía, fotografías, informes de operaciones, minutas de trabajo, bitácoras en búsquedas de campo e información del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y testimonios de sobrevivientes.
Abarca y los normalistas
El nuevo informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia señala que José Luis Abarca, identificado como “A1”, quien durante los hechos de septiembre de 2014, era el alcalde de Iguala, dio la orden de desaparecer y asesinar a los normalistas junto con líderes de Guerreros Unidos, mientras que en la “Verdad histórica” se señala como único responsable a Gildardo López, alias el Gil, jefe regional de Iguala de Guerreros Unidos.
En un inicio, menciona el documento, Abarca dio la orden de darles “una chinga” a los estudiantes que habían secuestrado autobuses para trasladarse a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. El alcalde no quería disturbios y buscaba recuperar un material que iba a bordo de uno de los autobuses. La presunción era que podría tratarse de droga.
“Me chingan a todos a discreción”, dijo Abarca y ordenó la desaparición de los normalistas porque no saben “quién es quien” y se está calentando la plaza demasiado. Posteriormente ordenó: “Mátalos a todos, Iguala es mío”.
La versión de las autoridades es que el grupo de Guerreros Unidos habría confundido a los normalistas con integrantes de “Los Rojos”, organización criminal que les disputaba la plaza para el trasiego de droga.
El ex calde de Iguala también está señalado de la desaparición y asesinato del activista Arturo Hernández Cardona el 3 de junio de 2013, hecho que llevó a que los normalistas tomaran las oficinas del Ayuntamiento de Iguala e incendiaran documentación en demanda de su aparición.
“Por este hecho”, señala el informe, “fueron amenazados por Abarca y Guerreros Unidos, quienes advirtieron a los ‘ayotzinapos’ que no regresaran porque enfrentarían las consecuencias”.
Abarca fue detenido el 4 de noviembre de 2014 junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, no por la desaparición de los normalistas, sino por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero al haber adquirido 31 inmuebles por 8.3 millones de pesos con dinero ilícito. Las autoridades ligan a la pareja con el cártel de los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos.
El militar infiltrado; autoridades sabían lo que ocurría
La Sedena tenía una espía infiltrado entre los normalistas. El informe señala que Julio César López Patolzin, soldado en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo, se hizo pasar por estudiante en la Normal de Ayotzinapa, y tenía la tarea de informar lo que ocurría en las asambleas del plantel, movilizaciones de estudiantes en Guerrero o fuera del estado, la detección de vínculos con integrantes de grupos subversivos y de la delincuencia organizada.
El militar le reportaba directamente al teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería.
En sus últimos informes, López Patolzin dio a conocer el plan de acción de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa para el 2 de octubre de 2014. Su último reporte fue a las 10:00 horas del 26 de septiembre de ese mismo año. Después de eso ya no se supo nada de él. Desapareció junto con los normalistas.
“No obstante que se encontraba activo en el Ejército realizando funciones de informante y de que su superior jerárquico estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, éste no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda, pese a que era su deber, como lo establece el ‘Protocolo para Militares Desaparecidos’ que obliga a los mandos a ‘implementar medidas contundentes, a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y en su caso, rescate del personal militar desaparecido”, menciona el informe.
Encinas señaló que de haberse aplicado dicho protocolo, “hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”.
Sedena y Cisen espiaban a normalistas y a Guerreros Unidos
El nuevo informe también detalla que la Sedena utilizó a la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV vinculada al malware Pegasus para espiar a integrantes de Guerreros Unidos antes, durante y después de la desaparición forzada de los estudiantes, así como policías de élite de Iguala, conocidos como Los Bélicos y algunos normalistas.
El informe accedió a 17 mil documentos del Ejército, entre los que se encuentran dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales.
“La intervención de estas llamadas se confirma con el registro del monitoreo a mensajería SMS de telefonía celular los días 27 y 28 de septiembre, a la central de comunicaciones de Guerreros Unidos, por el Centro Regional de Fusión e Inteligencia (dependiente de la Secretaría de Gobernación), en sus mensajes: CRFI/1202 y CRFI/1212 de esos días”, menciona el reporte.
A través del número registrado por la empresa se intervinieron las comunicaciones de objetivos de alto nivel como: Adán Zenén N, José Ángel N, Sidronio N y Gildardo N, el Gil, integrantes de Guerreros Unidos.
Mientras que “a través de los números a nombre de José Carlos N se intervenía objetivos de nivel medio, como policías y otros integrantes de Guerreros Unidos. En estos números se registran intentos de comunicación con José Luis Abarca a partir del 17 de octubre y con los estudiantes a partir del 21 de octubre de 2014”.
Por su parte el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) también espió a los normalistas en los momentos críticos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El expediente proporcionado por el CISEN corrobora la existencia de distintas intervenciones de comunicaciones a objetivos relevantes de Guerreros Unidos en la fecha de los eventos, como lo muestra la siguiente narrativa de hechos:
“A las 20:30 horas, David N (a) el Chino, responsable de turno de la central de comunicación del citado grupo delictivo, reportó que los normalistas estaban en actitud violenta, disparando armas de fuego y asaltando los comercios ubicados en las inmediaciones de la iglesia de Iguala.
“Una persona identificada como (a) el Choky, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos ordenó a la central de comunicaciones del grupo delictivo reportar que dentro del contingente estaban integrantes de Los Rojos, presuntamente encabezados por Omar N, quienes iban rapados.”
El informe del CoVAJ concluye que “tanto las autoridades federales, estatales y municipales (Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras), estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la FECSUM de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”.
“Estuvieron al tanto de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al Rancho del Cura, a la caseta de la autopista a Cuernavaca y a la Central de Autobuses, así como de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición. Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes en Iguala”, concluye el informe.
“Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, estudiantes normalistas de primer año; David Josué García Evangelista, alias Zurdito, jugador de los Avispones; Víctor Manuel Lugo Ortiz, alias Barcel, conductor del autobús de los Avispones; Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi, así como de la agresión al estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un impacto de bala en la cabeza y se encuentra actualmente en coma.
El autobús donde viajaba el equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo fue atacado a balazos la noche del 26 de septiembre en la carretera federal, a la altura de Santa Teresa, al confundirlos con normalistas. Se presume que los agresores fueron policías de Iguala.
Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, estudiantes normalistas de primer año, fueron asesinados durante un ataque armado de Guerreros Unidos a los asistentes a una conferencia de prensa en Iguala, realizada pasada la medianoche del 26 de septiembre.
El espionaje por parte de la Sedena a normalistas, fue confirmado en marzo pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Un coronel participó en el asesinato de 6 normalistas
Un coronel, identificado por Alejandro Encinas como José Rodríguez Pérez, habría participado en el asesinato de seis estudiantes que se encontraban con vida cuatro días después de la noche de Iguala, en una bodega en Pueblo Viejo.
El registro de comunicaciones del informe, señala que el Chino (Sidronio Casarrubias) había ocultado en su reporte del 28 de septiembre que aún quedaban “aproximadamente seis estudiantes vivos en la “bodega vieja”.
Y dos días después, el Chino le confesó al Negro la existencia de los seis normalistas y “que lo iba a arreglar para que fueran a terminar”. Se coordina con “N” y el Coronel para “tratar de arreglar el problema”.
Ese mismo día el coronel “le confirma al Chino que él y su gente ya se encargaron de los estudiantes de la bodega vieja”.
De acuerdo al reporte de la Comisión, una denuncia anónima recibida en la Sedena el 30 de septiembre, alertó de la retención de los seis estudiantes, pero fue hasta el 2 de octubre que se notificó en calidad de “Urgente”.
La creación de la verdad histórica
El término de la “verdad histórica”, adoptado por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam, se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, y acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como fin el cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso.
“Fue una construcción desde el gobierno federal que pretendió crear una versión de los sucesos…, limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal, y considerar la participación de las fuerzas armadas de la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”.
El informe señala que la “verdad histórica” se sustenta en la información obtenida ‘espontáneamente’ de una llamada telefónica el 25 de octubre, de una mujer propietaria de un abarrote, quien proporcionó datos del Chereje y el Pato, y que posteriormente derivó en interrogatorios con base en torturas a 77 de 80 detenidos, diligencias ministeriales firmadas por la MP Blanca Alicia Bernal a la misma hora y el mismo día en la Ciudad de México y Guerrero.
Se señala como responsables de su creación a Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR; Rodrigo Archundia, subprocurador de la SEIDO; Hugo Ruiz, encargo del despacho de la SEIDO; Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro y Tomás Zerón, director de la AIC.
Además de mandos de la Semar, CISEN; Omar García Harfuch, comisario de la Policía Federal y actual secretario de Seguridad Pública en la CdMx, CNS, Sedena y PGR.
“Lamentablemente esta versión no sólo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada donde concurren: privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actuaron con el apoyo y consentimiento del Estado”, señaló Encinas.
“Y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad, que lo pretendía era legitimar socialmente hechos, alterándolos, y que privilegió una lógica jurídica ajena al enfoque de derechos humanos, manipulando el sistema de procuración de justicia”.
¿Dónde están los cuerpos?
A casi ocho años de la desaparición de los normalistas, el informe da nuevos atisbos sobre el paradero de los cuerpos de los normalistas, tres de los cuales ya fueron identificados: Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander de la Mora Venancio.
A diferencia de la “verdad histórica”, el nuevo documento señala que los cuerpos no fueron quemados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan, sino que podrían estar en el río Balsas, laguna del nuevo Balsas en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco, en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.
En la operación para ejecutar y desaparecer a los normalistas, indica el informe, habrían participado 18 personas, entre ellas Gildardo López Astudillo, el Gil, Sidronio Casarrubias, el Chino, Ramiro Ocampo Pineda, el Chango o el Negro, Alejandro Palacios Benítez, el Cholo, y el Chuky, integrantes de Guerreros Unidos.
“Las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos, por lo que el Chuky les metió machete y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera”, señala el informe.
El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) señala que entre las 3:13 y las 3:50 horas del 27 de septiembre, conversaciones del Chino con el Cholo, el Gil y el Negro, se informa que se le entregaron “unos paquetes al Gil para trabajarlos en su casa” y se ordenó a los sicarios “que desaparezcan a los estudiantes antes del amanecer y que no quede ninguno vivo”.
Además, se ofreció un bono de 5 mil pesos y ascensos de los sicarios “si hacen el trabajo bien”.
Entre las 4:50 y las 7:42 horas se registraron otros mensajes alusivos a la ejecución y desaparición de los cuerpos de los normalistas.
El Moreno, identificado como “cocinero” del cártel, reportó más tarde que había recibido 10 estudiantes “para cocinarlos, pero no pudo hacerlo porque no tenía material”, así que tuvo a cinco de ellos y el resto “se los entregaron al Chuky“.
Antes del amanecer, según reveló el documento, se hicieron varios “pozos” para los estudiantes y se les ordenó a los sicarios que limpiaran bien y que no realizaran ninguna llamada porque “los traían colgados”.
A las 7:37 horas el Negro recibió el reporte del Chino de que “ya todo está listo” y que los “paquetes” se llevaron a Huitzuco, a Pueblo Viejo y al “Río”.
Mensajes entre Karen “N” y “David” mencionan que “se hizo un relajo” y que “hasta en la mina de los patrones aventaron gente”.
Por la tarde del 28 de septiembre, los miembros de Guerreros Unidos continuaron su coordinación para la “limpieza” y la “desaparición de los paquetes”. Se dio la orden de quemar celulares, ropa, herramientas y todo lo que se haya utilizado y que salieran todos “de la cuna”.
Posteriormente, le instruyeron al Chango que mandara las “nóminas de gobierno” porque ya “todos los del gobierno” se les “voltearon”.
El Chango le comunica al Chino que hay rumores que por “órdenes del gobierno de México” van a “borrar evidencia” y que los cuerpos los van a “mover para que no los hallen, excepto los del río”.
Además, se les dio el mandato a los soldados de sacar los restos de Iguala para que se los llevaran la mayoría al 27 Batallón.
En otra conversación entre Karen “N” y el Moreno, se dio el anuncio de que Tomás “N” era el encargado de “andar limpiando todo para que los funcionarios de alto nivel queden bien”.
“En días posteriores hubo una reunión con Abarca y los ‘asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”, agrega el informe.
“Tomás Zerón era el que andaba mandando limpiar todo el caso de los chicharrones”.
Otras conclusiones del informe:
Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF, como se mencionó en la primera versión.
Que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
Que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia de Iguala y en Santa Teresa.
Se confirma el traslado del autobús Ecoter, sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando los retenes establecidos.
Que, al filo de las 22:45 hrs del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
Alfredo Higuera, implicado en la “Verdad histórica”
El exprocurador de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal, podría ser uno de los implicados en la creación de la llamada “verdad histórica”, pues del 8 junio de 2016 al 26 de junio de 2019 fue titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala.
El sinaloense declaró en marzo de 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la entonces PGR contaba con datos específicos que podían esclarecer la desaparición de los 43 normalistas y ese mismo mes anunció la detención de Erick Ulises Sandoval Rodríguez, como presunto responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Pero un juez federal y la CNDH concluyeron que la PGR se equivocó al acusar a Sandoval Rodríguez, profesor de educación física, ya que lo confundió con otro sujeto de nombre Édgar Sandoval Albarrán.
Artículo publicado el 4 de septiembre de 2022 en la edición 1023 del semanario Ríodoce.
