Indispensable que universidades mejoren, pero con austeridad y transparencia, señalan ante diputados

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Para garantizar el acceso a una educación de calidad universitaria de calidad a la población sinaloense, es indispensable mejorar los procesos académicos y administrativos, dar certidumbre al financiamiento y sostenimiento de las instituciones de educación superior con optimización, pero con austeridad y transparencia.

Los planteamiento fueron expresados durante el segundo Parlamento Abierto para el análisis, consulta, y propuestas para la expedición de la nueva Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que realizó la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado de Sinaloa.

El diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura, afirmó que el actual modelo educativo no está diseñado pensando en los procesos productivos y culturales, por lo que propuso que la nueva ley debe poner en el centro mejorar la calidad de la educación superior.

La diputada Elizabeth Chia Galaviz, secretaria de la Comisión de Educación Pública y Cultura, expresó su convicción de que la educación es progreso y que las iniciativas deben desaparecer la brecha de desigualdad garantizando el acceso a la educación.

El diputado Ambrocio Chávez Chávez expuso que se deben analizar las opciones alternativas para que puedan obtener recursos propios las universidades, y buscar resolver de manera integral el problema de escaso financiamiento que enfrentan las instituciones de educación superior.

Rodrigo López Zavala, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de SEPyC, quien acudió en representación de la Secretaria de Educación Pública y Cultura Graciela Domínguez Nava, dijo que debería incluirse un fondo para caminar hacia la gratuidad progresiva de las instituciones de educación superior.

Jesús Rodolfo Cuadras Sáinz, secretario General de la Universidad Autónoma Indígena de México, en representación del rector Ignacio Flores Ruiz, abordó el tema de los subsistemas de educación superior, destacando que en Sinaloa existen tres universidades autónomas UAS, UAdeO y UAIM, siendo la última plurilingüe e intercultural, lo que la coloca en una situación irregular que debería resolverse legislativamente.

Silvia Evelyn Ward Bringas, secretaria General de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), en representación del rector Jesús Aarón Quintero Pérez, pidió visibilizar a esta institución, toda vez que su homólogo nacional es mencionado en la ley superior y apuntó la necesidad de fortalecer el quehacer universitario.

Nadia Yuriana Robles Márquez, maestra de la Universidad Tecnológica de Guasave, se enfocó a los estudiantes con necesidades especiales advirtiendo que el actual marco legal estipula se requiere una evaluación específica en cada caso para implementar acciones para su atención, precisando se requiere un enfoque incluyente.

Pedro Flores Leal, vicerrector de Operación Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, en representación de la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, habló sobre el contenido que habla sobre los apoyos para la investigación y el diseño de proyectos que contribuyan al desarrollo del país, mismo en el que se debería contemplar el registro y promoción de la propiedad intelectual.

Robespierre Lizárraga Otero, director General de Asuntos Jurídicos, en representación de Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, abordó el respeto a la autonomía universitaria y la necesidad de trabajar en el financiamiento necesario para cumplir con la universalidad de la educación, tocando también el aspecto de la gratuidad progresiva.

Alejandro Padilla Lora, maestro de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, abordó la educación inclusiva refiriéndose a la Lengua de Señas Mexicana para atender a los estudiantes sordos.

José Lorenzo Meza García, director General del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, apuntó que las universidades deberían conectar con el sector productivo para generar ingresos propios, y mejorar la situación económica de las instituciones.

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