Con dinero de fianzas festejaban cumpleaños en la Fiscalía de Sinaloa

FIANZAS DE TRÁNSITO. La tranza.

En la Fiscalía General del Estado de Sinaloa “desaparecieron” 400 mil pesos de fianzas depositadas por hechos de tránsito, y resultó que una agente del Ministerio Público tomaba ese dinero, incluso, prestaba para festejar cumpleaños.

La FGE acusó de peculado a Ana “C”, quien en su carácter de titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos con Motivo de Tránsito de Vehículo, dispuso en su beneficio de dinero que había recibido bajo el concepto de fianzas entregadas por particulares.

La ex funcionaria fue llevada a juicio y en junio pasado el Tribunal Colegido en Materia Penal ratificó la sentencia condenatoria por la presunta comisión del delito de peculado en 2013.

La FGE se percató de un faltante de 430 mil 200 pesos cuando a la agente del Ministerio Público la cambiaron de agencia.

Con el cambio de personal comenzaron a revisar todos los expedientes de las averiguaciones previas, actuaciones, partes de accidentes y partes informativos.

Durante la revisión se percataron que algunos expedientes tenían un oficio dirigido al Coordinador Administrativo, mediante el cual remitían la fianza en efectivo, pero los documentos no contaban con sello de recibido de la oficina del Coordinador.

Las personas que realizaron la revisión pidieron a Ana que entregara los oficios con el sello de recibido y manifestó que se los haría llegar y que los tenía en su casa, pero solo entregó algunos.

Las fianzas eran entregadas por personas involucradas en hechos de tránsito como garantía de los daños materiales.

De acuerdo con el personal de la agencia, cuando un auxiliar del Ministerio Público recibía una fianza en efectivo, la entregaba a Ana, la titular, junto con un oficio dirigido a la Coordinación Administrativa y firmaba de recibido, pero ella no remitía la fianza y la guardaba en un archivero que estaba en su oficina y del que solo ella tenía llave.

Según los testimonios, colocaba el efectivo en el expediente que correspondía.

El procedimiento normal, dijeron, era que la titular remitiera el efectivo a la Coordinación Administrativa y colocara el oficio de recibido en el expediente.

Una de las testigos declaró que tenían indicaciones de la “licenciada Ana” de que al momento de recibir efectivo de alguna garantía o fianza, debían entregársela a ella con el respectivo oficio dirigido al Coordinador Administrativo, ya que ella era la persona encargada de realizar el trámite en esa oficina para que las fianzas fueran resguardadas en la caja de valores.

La funcionaria les dijo que ella resguardaba los oficios con el sello de recibido para que no se extraviaran porque era una forma de protegerse cuando se había entregado el dinero a la Coordinación.

La acusada manifestó que era falso que todos los agentes le entregaran a ella el dinero de las fianzas que recibían.

Manifestó que no todas las fianzas se las entregaban a ella, solo cuando las partes iban a llegar a un arreglo para que el dinero no se fuera a la Coordinación.

Según los testigos, en algunas ocasiones hubo personas que acudieron a solicitar la devolución de la fianza o tenían que remitirla a algún juzgado, y la Ministerio Público no encontraba el efectivo en el expediente y lo tomaba de otro y argumentaba que después lo iba a reponer.

Uno de los testigos dijo que cuando era cumpleaños de alguien en la agencia, la titular les preguntaba qué iban a hacer y que ella les prestaba de las fianzas, pero en la quincena se lo tenían que regresar.

La acusada dijo que era completamente falso y carente de toda verdad que prestara dinero, y aseguró que había mala fe y dolo para perjudicarla.

En nueve expedientes la FGE detectó que la Ministerio Público recibió directamente el dinero del particular que la entregaba y en otros siete fueron agentes auxiliares los que recibieron el efectivo y se lo entregaron a ella para su resguardo.

La enjuiciada, señaló el juez, recibió depósitos en efectivo por concepto de fianzas que los particulares exhibían dentro de las averiguaciones previas o actuaciones accidentales; es decir, le fueron confiados en razón de su cargo, con la finalidad
de que las remitiera para su resguardo a la Coordinación Administrativa de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, lo cual no hizo, toda vez que respecto a las 16 carpetas de investigación, no existe el oficio con el sello de recibido en dicha oficina.

“La falta de exhibición de ese oficio debidamente sellado de recibido en el área correspondiente, conduce a concluir subjetivamente que la enjuiciada dispuso en beneficio propio de los depósitos en efectivo que le eran confiados para que oportunamente los entregara al área correspondiente para su resguardo, pues se insiste, no obran los oficios respectivos”, determinó.

Con las pruebas que presentó la FGE, solo se acreditó que dispuso en beneficio propio de 160 mil 910 pesos, estableció el juez.

La ex agente del Ministerio Público fue sentenciada a dos años, 11 meses y 17 días de prisión y al pago de 154 mil 999 pesos.

“El dinero del que dispuso la justiciable pertenece al Estado de Sinaloa, toda vez que éste se le confiaba a la encausada en razón de su cargo como Agente Titular del Ministerio Público, mismo que era entregado por particulares en efectivo, ya sea directamente a ella o a través de sus agentes auxiliares con el fin de garantizar daños totales o parciales en delitos cometidos con motivo de tránsito de vehículos”, indicó.

Artículo publicado el 07 de agosto de 2022 en la edición 1019 del semanario Ríodoce.

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