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Plantan funcionarios de Semarnat, Segob e INPI a autoridades étnicas en Los Mochis

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Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat) y el Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI) plantaron a los gobernadores tradicionales de Ohuira,
y ambientalistas en una reunión de trabajo.
En dicha reunión se definirían las fechas para las asambleas informativas y la realización de la consulta indígena que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al proteger los derechos de la comunidad yoreme que se violaron con la Manifestación de Impacto Ambiental a favor de la panta de amoniaco en Topolobampo.
Felipe Montaño Valenzuela, de Lázaro Cárdenas, Tiburcio Ahumada y a la representante étnica de Paredones, Irene Díaz López y a la ambientalista, Melina Maldonado se quedaron esperando a las autoridades que no mostraron interés por dar seguimiento a los compromisos acordados.

El acuerdo previo para la reunión de este lunes 8 de agosto lo suscribieron el 3 de agosto Daniel Quezada Daniel, titular de UCPAST en representación de Semanat, Benito Mirón López, Director de General de Construcción Ciudadana y Participación social de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación social de la Secretaría de Gobernación y e Iván Ramos Méndez, Director de Participación y Consulta Indígena del INPI, pero esta mañana no se presentaron con el argumento de que no lograron ponerse de acuerdo.
Los únicos que asistieron a la reunión fueron las autoridades étnicas, y que resultan ser las tres comunidades que han ganado juicios de amparos en defensa de sus derechos a ser consultados en caso de que empresas nacionales o extranjeras pretendan asentarse en su territorio, y los cuales fueron negados por Gas y Petroquímica de Occidente como filial de los inversionistas alemanes Proman, promotores de la construcción de la planta de amoniaco en un sitio con protección internacional de humedal.
Felipe Montaño Valenzuela dijo que resta credibilidad institucional la falta de responsabilidad de los funcionarios al desatenderse de un compromiso que previamente firmaron, y anticipa un ardid para anularles el derecho a ser consultados, como ya lo hicieron sus antecesores y de lo que los tres funcionarios se admiraban.

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