Crece la incertidumbre sobre planta de amoniaco

Más colectivos ambientalistas la rechazan por contaminante

Las declaraciones de políticos y líderes empresariales a favor de la construcción de la planta de amoniaco dieron más bríos a la oposición gestando una ola estatal de rechazo y de fraternidad a los yoremes, que mantienen frenada legalmente a la industria petroquímica.

Desde Ahome hasta Mazatlán, los colectivos ambientalistas se agruparon bajo el slogan “Sinaloa Despierta” y lanzaron su ofensiva en redes sociales, manifestaciones públicas y razonamientos sobre el por qué no debe de instalarse la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira-Santa María-Topolobampo, con los preceptos de alto al etnocidio y por la vida en el mar.

En Los Mochis, el ex diputado federal, Joaquín Montaño Yamuni, fundador de la asociación civil Sociedad Nacionalista de Fomento y Transformación, denunció una campaña intensa de desinformación que despliegan por todos los medios el gobierno federal desde el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de Estado, el gobernador, Rubén Rocha Moya, diputados federales y locales, líderes camarales y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), cuando afirman que la planta de amoniaco se va a construir pues las comunidades indígenas ya la aprobaron.

“Todos mienten para volver malos a los indígenas, cuando estos sólo defienden su vida propia, el estilo de vida y la naturaleza de empresarios, como los alemanes, que en afán de conquista corrompen todo lo que encuentran a su paso incluyendo legisladores y gobernantes.

“Los indígenas no han dado su aprobación a la planta, la consulta indígena no ha concluido y GPO no tiene un solo permiso para iniciar la construcción con una serie de beneficios que resultan falsos para imponer un capitalismo a ultranza que trastoca la salud, el bienestar, el medio ambiente y el sustento de los pobladores”.

La planta de amoniaco (GPO) es un proyecto totalmente fallido, es un monumento a la corrupción y a la impunidad de las autoridades que se prestaron a dar permisos falsos, violaron el tratado internacional Ramsar que prohíbe modificar humedales, talaron manglares y rellenaron 26 hectáreas —por lo que deberían estar en prisión—, escrituraron falsamente una zona federal marítimo terrestre en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN) que cambió el régimen de humedal a agostadero pobre, y usan una falsa, tergiversada y corrupta Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para sus fines.

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene elementos suficientes para rechazar el proyecto y hasta para ejercer acción penal en contra de los funcionarios que aprobaron el proyecto a GPO.

Jorge Alberto López Chávez y Raúl Peinado Bobadilla, criticaron que la corrupción se imponga en el país con proyectos tramposos que solamente buscan dinero sobre la vida de centenares de individuos y su estilo de vida. “La industria de GPO es criminal, corrupta lo mismo que los gobiernos de Rocha Moya y de Gerardo Vargas Landeros que la aceptan”, coincidieron ambos.

En Guasave, Jesús Alejandro Ayala Aguilar y la ex diputada federal, Lucinda Sandoval, se integraron al colectivo “Despierta Guasave” y aseguraron que la planta de amoniaco es nociva para la bahía de Ohuira porque producirá mayor contaminación del mar y de los ecosistemas abatiendo el medio de vida de miles de pescadores y de yoremes, que durante décadas han convivido con la naturaleza.

En Culiacán y Mazatlán se integraron colectivos individuales y crearon el sistema “Despierta Sinaloa”, con el único objetivo de defender la bahía de Ohuira de la pretensión de arrasarla para crear amoniaco como fertilizante sintético.

Felipe Montaño Valenzuela y Claudia Susana Quintero Sandoval, cobanaro de Ohuira y alférez mayor del centro ceremonial de la Virgen del Carmen, aseguraron que la consulta indígena no concluye aún y todavía está lejos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación valide o dé por cumplida su sentencia en los juicios de amparo en revisión, porque esta se va a impugnar por violación a los protocolos internacionales de usos y costumbres.

Quintero Sandoval dijo que además aún hay amparos sin resolverse y por tanto, el asunto legal está inacabado.

Montaño Valenzuela anunció que, viendo el sesgo que le ha dado al caso el gobierno federal, se aprestan a recurrirlo ante Tribunales Internacionales por lo que la lucha legal no concluye ni por asomo.

“Si ellos no quieren reubicar la planta porque gastarían más, nosotros no la queremos allí porque nos van a matar, tarde o temprano. Si ellos dicen que no es negociable el lugar, les tomamos la palabra. Lo mejor para los alemanes es que se vayan de Sinaloa, o que el gobierno de Rocha Moya le construya un puerto y un gasoducto especial con financiamiento de los agricultores, o bien que estos les donen sus predios y entreguen su agua para riegos para que los alemanes hagan su planta tierra adentro”.