El Congreso del Estado se deslindó de aplicar sanciones y archivó como asunto concluido la sentencia dictada por al sala regional especializada y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el gobernador Rubén Rocha Moya por haber incurrido en la realización de propaganda durante la revocación de mandato.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación fue aprobado por la mayoría de los diputados presentes y solo con el voto en contra de la diputada del PAN, Giovanna Morachis Pepeperini.
La determinación de la sanción contra el gobernador Rubén Rocha Moya fue emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, originada por una queja promovida en mayo pasado por Movimiento Ciudadano en contra de varios titulares del Poder Ejecutivo Estatal, entre ellos Rubén Rocha Moya, y la jefa del Gobierno de la Ciudad de México.
En la sentencia de los tribunales se determinó que Rocha Moya cometió la infracción consistente en promoción personalizada y vulneración del principio de imparcialidad, así como la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato.
En la misma sentencia se cita el desplegado titulado “”GOBERNADORAS Y GOBERNADORES DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN” en sus respectivas cuentas de Twítter, deduciéndose por ello, la comisión de las infracciones consistentes en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada y vulneración al principio de imparcialidad.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación argumentó en su dictamen que en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa no contempla procedimiento alguno a seguir en casos referentes a imponer sanciones ante la existencia de infracciones en materia electoral atribuidas a servidores públicos sin superior Jerárquico.
Los diputados establecieron además que el Congreso del Estado no es una autoridad competente porque en la sentencia no se determinó el uso indebido de recursos públicos.
