Luis Javier de la Rocha Zazueta, integrante del grupo parlamentario del PRI, ha presentado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Sinaloa, una iniciativa de ley para eliminar las sesiones secretas en el órgano legislativo, lo que de inmediato provocó la descalificación de Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política.

La calificó sin más “aberrante” que, de acuerdo con el Diccionario a la Lengua Española una cosa aberrante es aquella: “Que se aparta de lo que se considera conveniente, natural, lógico…inadmisible, absurdo, disparatado” y, por ende, causa “aversión por horroroso”.

O sea, que visto en el terreno de las ideas y sobre todo en clave legislativa, es un rotundo despropósito esa expresión viniendo de un líder parlamentario.

No obstante, el argumento que esgrime Castro Meléndrez podría ser juicioso cuando señala la justificación de su dicho: “la secrecía de las sesiones es un principio constitucional y de debido proceso; hablar de sesiones secretas no es esconder hechos sino respetar la presunción de inocencia de cualquier materia jurídica” de acuerdo con el artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el hecho que esté en la Constitución y en la ley orgánica del Congreso del Estado, no deja de provocar suspicacia, cuando se celebran este tipo de reuniones para discutir y eventualmente sancionar a los entes jurídicos que cumplen o cumplieron funciones de gobierno.

Es el caso de Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde desaforado de la capital del estado, quien notoriamente fue relevado del cargo en medio de una gran burbuja mediática y donde estaba claro que pese a ser del partido gobernante no estaba en sintonía con el titular del Poder Ejecutivo y la mayoría del Poder legislativo y para “garantizar la gobernabilidad” se decide nombrar a un ahijado religioso del gobernador como alcalde sustituto de Culiacán.

Es decir, el tema no era estrictamente jurídico de legalidad, era un tema político, y había que cuidar las formas legislativas, no evitar la exposición pública.

Veamos. Ante el interés del Congreso del Estado de llevar a Estrada Ferreiro a juicio político, el Cabildo de Culiacán decidió promover una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera si era el Congreso o el cuerpo de regidores el que debería nombrar un alcalde sustituto en tanto se determinaba lo correspondiente al juicio político.

Sin embargo, el tema se salda fast-track nombrando al hoy alcalde sustituto que podría ser “legal” pero no legítimo, porque la legitimidad democrática, solo proviene de los votos y este no recibió uno de ellos sino es resultado de la voluntad o, peor, del dedo del compadre.

Se ha dicho que una acción de inconstitucionalidad, ya entrada en la Corte no puede ser retirada, aun cuando haya un acuerdo político entre las fuerzas dominantes tanto del Congreso del Estado como en el Cabildo, por lo que se está en espera de que haya una sentencia en la materia y cuando llegue ya se sabrá en forma definitiva sobre la legalidad del ahijado.

Entonces, el tema de las sesiones secretas no es solo como dice Castro Meléndrez, un asunto de constitucionalidad sino siendo de interés público y de transparencia en los asuntos parlamentarios, es político.

Va en contra de la transparencia y la rendición de cuentas del órgano legislativo y por eso la iniciativa de Rocha Zazueta, no puede ser descalificada antes y menos con un argumento visiblemente leguleyo, sino que los diputados deben entrar al fondo de la cuestión para ver si está a salvo el interés general, ante un interés particular ya que los alcaldes son ciudadanos sujetos al escrutinio público y, por ende, al juicio político, lo cual cuando se practican ese tipo de sesiones, se enturbia la atmósfera política y aparece la bruma de la maledicencia.

Castro Meléndrez ha dicho con cierta arrogancia, que la iniciativa de reforma de la ley “va para atrás”, lo que habla mal de un líder parlamentario pues busca imponer de ya su visión al conjunto parlamentario, cuando la tarea de todo parlamento es la de “parlar”, es decir, discutir los asuntos de interés público en beneficio de los ciudadanos.

Y cuando se trata del municipio más importante de un estado porque es en donde residen los poderes públicos y vive uno de cada tres sinaloenses o tiene la mayor participación en el PIB, no es poca cosa avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Al tiempo.

Artículo publicado el 24 de julio de 2022 en la edición 1017 del semanario Ríodoce.