Están silenciosos, pero tienen estrategia… legal, son los yoremes opositores a la construcción de la planta de amoniaco en un sitio sagrado en la bahía de Ohuira y humedal bajo protección de la Convención Ramsar, en tanto, los empresarios de Los Mochis salieron a la calle para arengar que Ahome necesita empleos de calidad.

Las posiciones paralelas de uno y otro bando no han coincidido, y mientras los indígenas usan argumentos legales para detener las gestiones de los empresarios extranjeros, los pregoneros vociferan los beneficios y ocultan y reducen los perjuicios.

Así, el colectivo ¡Aquí No! puso en marcha una campaña comunitaria para concientizar a los yoremes sobre el riesgo de la industria para las comunidades de Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones y de paso para Los Mochis en busca del no a la aprobación.

Y en la ciudad y alrededores, las acusaciones son que el gobierno municipal comenzó articular la movilización, y a través de desconocidos a comprar personas con despensas alimenticias, dinero, ofertas de obras públicas como pies de casa, techos, pavimentaciones, rehabilitación de drenaje sanitario, introducción de agua potable, y los empresarios a ofertar cooperativas pesqueras y proyectos productivos diversos.

Antes, el martes 5 de julio, 167 yoremes de Lázaro Cárdenas entregaron un oficio en la delegación Sinaloa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibiendo el folio 1361, con el que impugnaban el proceso de acuerdos previos del 14 de junio y la convocatoria para la consulta indígena del 17 de junio, porque deliberadamente fueron excluidos del derecho que les fue reconocido como violado por el gobierno federal en la sentencia del juicio de amparo 528/2018-7B, confirmada en el amparo en revisión 498/2021 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Incluso denunciaron que estos argumentaban que su actuación se fundaba en la sentencia del juicio de amparo 628/2018 del Juzgado Sexto de Distrito que aún está en litigio, en revisión y sin resolución firme.

Los yoremes pidieron que las asambleas informativas se realizaran en agosto y que posteriormente definirían las fechas de la consulta pues la sentencia marca cuatro meses como plazo límite de ejecución, lo que sucedería en octubre.

Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, dijo que dejarán que el proceso de consulta continúe conforme lo publicó Semarnat pues es un acto legal impugnable por no seguir los protocolos internacionales de una consulta indígena, libre, informada, de buena fe y bajo estándares de usos y costumbres.

“Que hagan lo suyo, haremos lo nuestro. Ellos quieren imponer un lugar; nosotros nos oponemos. Y así estaremos, resistiremos. Defenderemos nuestro lugar, aún a costa de la vida misma. Ese es el acuerdo yoreme”, señalaron.
Por contraparte, el pasado jueves, empresarios sacaron a las calles de Los Mochis a sus empleados y familias, el gobierno municipal a través de los Comités de Colonias acarrearon a mujeres y niños y gobernadores tradicionales adheridos al Consejo Supremo de Kobanaros de Sinaloa disfrazaron a yoris de yoremes en una marcha a favor de la planta de amoniaco en Topolobampo.

“Mostramos el músculo para demostrar que en Ahome sí queremos las empresas. Son nuestros trabajadores y sus familias los que están aquí”, presumió Héctor Ibarra, dirigente de Canacintra, quien en su discurso enumeró bondades de la empresa, pero no describió los riesgos.

Antes, declinó comentar el estatus legal de la empresa y del proceso legal de construcción, pero reiteró que la industria es segura.

Kenia Moreno, de Mujeres Jefas de Familia Empresarias, habló de las necesidades de mejores empresas, en tanto que Víctor Sinhué Damm Ramírez arengó que se pretenden nuevas empresas para la región, pero no con carta libre para que incumplan normas legales, posición que fue secundada por Mario Zazueta, quien estableció que toda aquella industria que pretenda instalarse en la región debe cumplir las normas ambientales y municipales.

“Ahome ya tiene experiencia en ahuyentar empresas; ocurrió con Tecate, Gamesa, una harinera y otras, que se fueron a Sonora”, dijo.

Ninguno de los dirigentes de organismos cupulares entró a los detalles por los que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no ha logrado reiniciar su construcción o cómo fue que obtuvo la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 2014, saltándose los procedimientos o la forma en que adquirió los terrenos en una zona federal marítimo terrestre.

Héctor Ibarra respondió: “Son procesos legales que no voy a comentar”.

-¿Qué pretenden con la marcha?

-Que se instalen más empresas, las ocupamos-.

-¡Eso incluye que se salten las normas legales a que están sujetas?

El empresario no respondió.

Artículo publicado el 10 de julio de 2022 en la edición 1015 del semanario Ríodoce.