Indígenas piden al gobernador detener etnocidio por capital alemán
Al gobernador Rubén Rocha Moya nadie le contó de la confrontación que se da en las comunidades yoremes por la aprobación o rechazo a la instalación de una planta de amoniaco en un lugar sagrado de la bahía de Ohuira, en Topolobampo, porque el pasado viernes lo atestiguó en una asamblea comunitaria en el lugar.
Frente a él, Teodoro Castañeda, el supuesto gobernador tradicional impuesto por el Consejo Supremo de Kobanaros de Sinaloa, y cinco seguidores, tres mujeres entre ellas, intentaron boicotear la asamblea que se estaba desarrollando en el centro ceremonial de la Virgen del Carmen, y que era presidida por Felipe Montaño Valenzuela, el líder reconocido por la comunidad yoreme; Tiburcio Ahumada, autoridad en Lázaro Cárdenas, y otros líderes étnicos.
Castañeda no logró allanar la enramada porque fue tacleado por Rodolfo Jiménez, subsecretario de Gobierno. Este desarmó la intentona, en una plática con el grupo, retirándose Castañeda, pero las mujeres continuaron con la confrontación, tratando de romper el protocolo armado.
Rocha Moya flanqueado por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, no se inmutó por el zipizape. Pero tomó nota.
Y cobró la factura minutos después, cuando ofreció que si el dinero que daba el gobierno a los cobanaros era el motivo de esa división, de inmediato lo reglamentaría. “No vamos a utilizar ese recurso para apoyar al que nos apoya y echar para abajo al que no”. Y fue más allá, asegurando que despediría a cualquier funcionario que fomentara la división y el atraco entre los yoremes con una intención política muy particular.
Y allí se fue a fondo: ¿Cuál es el origen de este asunto de la planta? Lo son los gobernantes que tenían orígenes económicos, que no respetaron el que hubiera indígenas en esos territorios e impusieron el sitio. “Dijeron, aquí yo mando, aquí ponte, y los problemas surgieron”.
“Ahora, Rubén Rocha Moya no tiene ningún interés económico ni político en esa planta. Simplemente tengo un compromiso de desarrollo económico y una opinión al respecto, pero yo no decidiré si se queda o se va. Mi opinión ni siquiera vale en este asunto. Para eso es la consulta, para que opinen, y después de eso, Semarnat deberá de normar un criterio y la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá si cumplieron o no.
Reveló que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recién le pidió información de la planta de amoniaco y remitió lo que conocía.
El gobernador ofreció que apoyará el “emplacado” de vehículos de yoremes, y promoverá el rescate de la lengua con instructores comunitarios, y conociendo el plan de desarrollo indígena lo analizarían para apoyarlo.
Rocha Moya pidió a los yoremes participar en la consulta, dejando que concluya el proceso legal.
“Yo les pido, Felipe, y a todos, que dejen que concluya el proceso que ha mandatado la Suprema Corte y ustedes voten en conciencia… si yo opino de una manera, no me voy a pelear con ustedes porque los de Ohuira votaron en contra, yo no voy a tener absolutamente nada que ver, imagínense ustedes alguien que se considera demócrata… que respeta la democracia, que es la libre opinión, que vaya a castigar a un grupo que se manifestó nada más porque no lo hizo como yo quisiera, no, eso no es congruente. Ustedes manifiéstense libremente..”.
Felipe Valenzuela Montaño respondió que participarían en la consulta pues no pretendían caer en desacato a la sentencia de la Suprema Corte, pero advirtió que estaban preparados para continuar con la lucha legal contra la ubicación del proyecto. “No estamos contra el desarrollo, ni contra ese proyecto, estamos en contra de la ubicación, porque va a afectar la vida de muchos pueblos; si tanto quieren el amoniaco, les ayudamos a encontrar un lugar, que en Sinaloa hay mucho en dónde”.
Paciente, Rocha escuchó los reclamos de Criselia Sánchez Luque, quien le exigió detener el etnocidio que están financiando con capital alemán contra al pueblo yoreme al instalar una planta de amoniaco que será letal para todos los habitantes en 15 kilómetros a la redonda, contando con la complicidad de políticos e indígenas que son traidores a sus usos y costumbres.
Mientras que Melina Maldonado Sandoval pidió al gobernador depurar de sus listas a falsos gobernadores como Librado Bacasegua Elenes y a Ramón Ahumada Llánes, quienes fueron desconocidos, denunció que “El dinero que da el gobierno a los dirigentes indígenas vino a podrir todo esto”.
A Rocha lo acompañó al encuentro el subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, para darle la legalidad requerida al emplacamiento de vehículos que circulan en estas comunidades, cuya recaudación se quedará en las mismas, para obra pública.
Artículo publicado el 26 de junio de 2022 en la edición 1013 del semanario Ríodoce.
