Una consulta indígena en medio de la desconfianza

ASAMBLEA EN PAREDONES. Contra la planta en Topolobampo.

Surgen trampas, engaños, desconfianzas y gobiernos hacen trabajo sucio en la consulta sobre planta de amoniaco

El gobernador, Rubén Rocha Moya anunció hace días que la consulta indígena que definiría el futuro de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo, sería a finales de junio, pero resultó una mentira pues no había una convocatoria, descubriendo una trama de engaño, embustes, información tergiversada, compra de conciencias y trabajo sucio desde los gobiernos locales y la persistente manipulación desde el gobierno federal.

El viernes pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió la convocatoria para participar en el proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto planta de Amoniaco 2200 TNPD en Topolobampo a celebrarse, tentativamente, el 9 y 10 de julio en 12 de las 15 comunidades indígenas enclavadas en el polígono de afectación en un radio de 45.5 kilómetros y que comprenden los municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave.

En la convocatoria no figuran con fecha las comunidades de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, los dos primeros porque se reservaron decidir su participación y los segundos la rechazaron.

En la consulta, los indígenas aprobarán o rechazarán la instalación de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira-Santa María-Topolobampo.

Este jueves, en Paredones, Iván Ramos Méndez, Director de Participación y Consulta Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) confirmó que se tienen cuatro meses para su realización, de no suceder, el plazo puede extenderse hasta por cuatro meses más si así lo acuerda el juez de la causa.
“Además, existen al menos tres juicios de amparos sin sentencia definitivas que frenan el avance”, dijo.

De acuerdo con Ramos Méndez, los pueblos que definirán si quieren ser consultados son Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones, Juan José Ríos, Charay, Carrizo Grande, Cerro Cabezón, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Vallejo, San Miguel Zapotitlán, Mochicahui, Florida y Salsipuedes, sin tenerse definido el censo de participantes, pues cada comunidad definirá la norma interna y el mecanismo que puede ser a mano alzada, aclamación o con ánfora.

“Dependerá de sus usos y costumbres, nosotros sólo participaremos para responder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la sentencia de consulta ya fue ejecutada y los resultados de esta”.

En las asambleas que se prolongaron hasta tres horas, los indígenas rechazaron decidir en lo inmediato si quieren o no la consulta en tanto no se les explique a detalle el mecanismo y los alcances de las sentencias dictadas por la suprema Corte de Justicia, pues hasta el 16 de junio sólo estaba notificada la de Lázaro Cárdenas y no la del resto de los amparos, en tanto se consideran no emitidas.

En el diálogo en las tres comunidades participaron por el INPI Ramos Méndez, Luis Edgardo Salgado Badillo, y Mireya Espinoza Imperial, delegada del INPI en Sinaloa; por Semarnat, Daniel Quezada Mier, Angélica Manduzano González y Yesenia Flores López, y por la Secretaría de Gobernación, Luis Rojas Castro, Miguel Hernández, Édgar González Contreras y Josefina Murrieta.

En la apertura, Ramos Méndez reconoció que estaban en el lugar para cumplir la sentencia en favor de los pueblos que se ampararon y cuya sentencia fue extensiva a otras comunidades. Manduzano González aclaró que lo realizado por otras administraciones de Semarnat ya fue desechado y no estaría a discusión, aceptando que antes de otorgarse los permisos a la empresa se debió haber consultado a los pueblos.
En las tres asambleas, los ánimos se caldearon; y aunque no se puso en riesgo la integridad de los burócratas, los reclamos frontales los incomodaron.

La totalidad del reclamo versó sobre la corrupción que impera en Semarnat para favorecer a los empresarios de Proman y Gas y Petroquímica de Occidente (GPO); la simulación, engaño y trampas del Subsecretario de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio que impulsó el ejercicio participativo Topolobampo 2021 el 22 de noviembre del 2021 para hacerlo pasar como consulta y que ahora pretende sancionar la Consulta Indígena, y el cuestionamiento del radio de 45.5 kilómetros de afectación que no se considera en ninguna sentencia.

Criselida Sánchez Leyva, una de las yoremes que cerró el tercer encuentro, aseguró que en los pueblos originarios existe irritación contra todo lo que huele a gobierno por los constantes engaños, mentiras públicas, y tramas para favorecer a GPO, mientras que el pueblo afectado por ellos ya están decididos a defender su territorio de la conquista extranjera, incluso, con la propia vida, y si es necesaria una revolución, la tendrán.

René Rojo Ahumada, comisariado ejidal de El Muellecito, comunidad perteneciente al centro ceremonial de Lázaro cárdenas, afirmó que fueron engañados por los comisionados para los acercamientos, pues en la minuta de la asamblea les colocaron palabras no dichas como la aceptación del radio de afectación, incluso denunció que el gobierno está usando al Comité Campesino Número 5 para intimidarlos de oponerse a la planta de amoniaco. “Nosotros no la queremos en la bahía, y aunque amenacen, no la aceptaremos. Nosotros ya despertamos, y nos defenderemos”.

Tiburcio Ahumada y Felipe Valenzuela Montaño, cobanaros de Lázaro Cárdenas y Ohuira, respectivamente, afirmaron que aún no definen su participación en la consulta indígena, porque esperarán hasta que se les notifiquen las sentencias de la corte.

Artículo publicado el 19 de junio de 2022 en la edición 1012 del semanario Ríodoce.

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