El alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro promovió un juicio de amparo contra la solicitud de desafuero y una posible orden de orden de aprehensión.

Información del Consejo de la Judicatura Federal indica que Estrada Ferreiro reclama la “solicitud presentada de inicio procedimiento de declaración de procedencia por la comisión de delitos supuestamente cometidos por el aquí quejoso. Posible orden de presentación y/o aprehensión y/o detención, así como la ejecución de dicha orden”.

El viernes pasado la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso el desafuero del alcalde y el lunes envió otra solicitud.

En la demanda de amparo el alcalde con licencia señala como autoridades responsables a la Fiscalía General y Vicefiscal General, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción y Vicefiscal de Derechos Humanos, y el Pleno y la Comisión Instructora, ambos del Congreso del Estado de Sinaloa.

“El día de hoy 3 de junio del año en curso, me enteré por los medios de comunicación que la Fiscalía del Estado de Sinaloa, había solicitado al Congreso del Estado de Sinaloa, declaratoria de procedencia contra el suscrito, quien actualmente ocupo el cargo de Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa; sin embargo desconozco de forma fehaciente, de qué se me acusa, qué delitos se me imputan, ni sé quiénes fueron los denunciantes y/o querellantes; solo escuché que se trata de delitos de abuso de autoridad y discriminación, ignorando los nombres de las personas que supuestamente resultan víctimas u ofendidas”, señaló en la demanda de amparo.

En la demanda solicita la suspensión provisional para que se le proteja y tengan elementos de seguridad para protección de él y de su familia y evitar se pretenda privarlo de su libertad o de la vida y “para que cesen los ataques, amenazas y escarnio público hacia mi persona que ha afectado a mi familia y al suscrito, por parte de los actores políticos y servidores públicos”.

En el escrito asegura que trasgredieron el artículo 22 de la Constitución y aduce ser víctima de tortura, pues afirma que se ha estado transmitiendo en redes sociales un audio de que dice que lo mataron a él y a sus escoltas.

Lo que dice el audio, señaló, le ha causado a él y a su familia ansiedad, depresión, delirios de persecución, insomnio, pesadillas, inestabilidad afectiva, pérdida de memoria o concentración.

El juez señaló que no es dable equiparar los hechos que narra con actos de tortura, pues no se advierte que esté siendo sometido a afectaciones físicas o mentales graves, que sean infligidas intencionalmente y con un propósito determinado con el fin de obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o que tengan por objeto menoscabar su personalidad o la integridad física o mental, requisitos inexorables para que se acredite estar siendo víctima de tales actos prohibidos.

El juez pidió a Estrada Ferreiro señale el nombre y domicilio de las personas que resultan terceros interesados, manifieste si señala al Gobernador como autoridad responsable debido a que no lo designa como tal, pero en la demanda le atribuye diversos actos; y precise cuál es el acto o actos concretos y específicos que desea reclamar a cada una de las autoridades señaladas como responsables.

Un vez que el juez reciba la información que solicitó resolverá si concede la suspensión provisional.