En forma paralela, el alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, tiene dos procesos legales abiertos en el Poder Legislativo. Los dos en su contra, pero iniciados por separado, por vías diferentes. El primero es el juicio político demandado por un grupo de ciudadanos; y el segundo son dos solicitudes de desafuero por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Los procesos no siguen la lógica de la persecución, sino amparados en la Constitución que da cauce y soporte a cada una de las actuaciones del Poder Legislativo, sostiene el diputado Feliciano Castro Melendrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

“No tenemos ningún conflicto personal ni ejercemos la política por rencor, no tenemos acciones de venganza política”, declaró el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, luego de que hiciera pública la recepción que tuvo el Congreso del Estado de la solicitud de juicio de procedencia que realizó la FGE contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Ayer lunes, la Fiscalía envió una segunda solicitud de procedencia. Y en una reunión secreta se dio trámite a las mismas.

Aunque los procesos del juicio político y el juicio de procedencia al desafuero son contra el mismo funcionario público, siguen rutas separadas, tanto en procesos, como en plazos a cumplir.

Dentro de los dos procesos para separar al alcalde con licencia de Culiacán, el más próximo jurídicamente podría ser la ruta penal.

El camino corto

El primer expediente de la FGE llegó al Poder Legislativo el pasado jueves entre las 5:00 y 6:00 de la tarde. El contenido se ha manejado bajo reserva por parte del Congreso del Estado y solo se dio a conocer oficialmente el asunto esencial, la solicitud de declaratoria de procedencia, conocida como desafuero.

Los motivos y la razones que originan la solicitud no han sido dadas a conocer oficialmente. Aunque Castro Meléndrez fue la voz del Poder Legislativo que hizo pública la solicitud presentada por parte de la Fiscalía, eludió dar más detalles, bajo el argumento que no le compete conocer el contenido del expediente recibido, sino a la Comisión Instructora.

El diputado, coordinador de la bancada de Morena, solo describió la ruta que seguirá el expediente presentado por la FGE en el proceso parlamentario.

Una vez que el Congreso del Estado recibió la solicitud existe un plazo de cinco días hábiles para que el expediente sea presentado ante el Pleno, pudiendo ser en una sesión ordinaria o extraordinaria.

En la sesión en la que se comunique al Pleno la recepción de la solicitud de procedencia, el presidente de la Mesa Directiva, deberá turnar el expediente para su estudio a la Comisión Instructora, lo cual ocurrió este martes, la cual tendrá un plazo de hasta 30 días para emitir el dictamen.

El dictamen que pudiese ser procedente o no procedente, será sometido al Pleno, en cuya sesión podrán presentarse Estrada Ferreiro, así como la parte acusadora para exponer sus alegatos.

Para aprobar el dictamen bastará con el voto mayoritario de los diputados presentes en la sesión. Si se considera que procede el desafuero, el alcalde será separado de su cargo para que enfrente el proceso penal que se investiga en la FGE, como un ciudadano, no con la envestidura de alcalde.

La fiscalía será la facultada para investigar los delitos y determinar si es culpable o no; al Poder Legislativo solo le corresponderá retirarle el fuero para que pueda hacer frente a los cargos que se le imputan.

El presidente de la JUCOPO advirtió que en caso que el Congreso del Estado apruebe el desafuero, no podrá apelarse la decisión o interponerse algún recurso legal para impedirlo, como el amparo.

Las denuncias que motivaron la solicitud de la declaratoria de procedencia por parte de la Fiscalía son los integrantes del colectivo de Familias de Policías Caídos, aunque también es pública la existencia de otro par de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado contra el alcalde por compras no solventadas en las cuentas públicas de 2019.

Ayer lunes, se envió al Congreso la segunda solicitud de procedencia por parte de la Fiscalía, y en la sesión secreta de este martes, se dio lectura y trámite a la Comisión Instructora de los oficios 00943 y 00954 emitidos por la Fiscalía General del Estado para solicitar la declaratoria de procedencia, es decir, el desafuero por la comisión de delitos.

La ruta del juicio político

El plazo legal de 60 días que tiene la Comisión Instructora para emitir su dictamen a la solicitud del juicio político contra el alcalde de Culiacán, todavía no concluye, pero tienen por el momento algunos impedimentos jurídicos que impiden por el momento que el caso derive en la separación del cargo.

De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, el plazo de los 60 días hábiles para que la Comisión Instructora emita sus conclusiones, empezó a contar a partir del día hábil siguiente al 22 de abril, cuando la Mesa Directiva le turnó el expediente.

Antes de la fecha de presentar el dictamen, la Comisión Instructora debe haber procedido a la calificación, admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, dentro de un periodo de 20 días hábiles, pudiendo además allegarse las que estime necesarias.

Si la Comisión Instructora declara que existe culpabilidad del alcalde para proceder en su contra, entonces el Congreso del Estado se erigirá en Jurado de Acusación en una sesión en donde se dará la palabra al denunciante y al denunciando, y si así lo considera la mayoría de legisladores presentes podrá ser separado de su cargo. En caso contrario continuará desempeñando sus funciones y el expediente se archivará.

Sin embargo, el acalde logró que el Juzgado Primero le emitiera una suspensión definitiva contra la separación del cargo, lo cual le blinda del procedimiento, en tanto no se resuelve la controversia constitucional que el gobierno municipal de Culiacán presentó sobre el tema del pago de pensiones a viudas de policías.

Lo anterior ya que dentro de la denuncia de juicio político uno de los argumentos de los solicitantes es precisamente la negativa del alcalde con licencia de Culiacán a pagar la homologación de las viudas de policías señaladas en un decreto aprobado en la Legislatura pasada, por considerar inconstitucional el decreto.

Durante la semana pasada se sumó el hecho de que el Congreso del Estado presentó por su parte un recurso de revisión ante el Juzgado Primero, firmado por el representante legal del Congreso del Estado, Gene René Bojórquez, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, solicitando al juez quedara sin efecto la suspensión que se le otorgó al alcalde. Ahora el Juzgado Primero tiene un plazo de hasta 15 días para responder al recurso presentado por el Poder Legislativo.

Así, la vía del Juicio Político está en una especie de entrampamiento jurídico que evita acelerar los tiempos del procedimiento, aunque el análisis del expediente se encuentra dentro de los plazos legales.

Artículo publicado el 05 de junio de 2022 en la edición 1010 del semanario Ríodoce.