Cómo y por qué la embestida penal contra Estrada Ferreiro

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Advierte la Auditora Superior que presentará pronto tres denuncias penales más y que pueden ser contra otros municipios

Justo una semana después que el Congreso del Estado aprobó el inicio del procedimiento de juicio político contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia de hechos contra quien resulte responsable en el gobierno de Culiacán, por presuntos daños a la hacienda pública.

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La denuncia fue presentada con sigilo con el argumento de la secrecía para no entorpecer las investigaciones, aunque el Poder Legislativo sí fue notificado de la denuncia, al menos así se le comunicó por escrito a la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

Aunque la ASE fue la autoridad que presentó la denuncia, mantuvo el hecho en secreto y fue hasta que la Fiscalía General dio a conocer la existencia de dos expedientes contra el gobierno municipal de Culiacán –después de un reportaje publicado por Ríodoce–, cuando la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Félix Rivera, se refirió al asunto.

La auditora solo confirmó la existencia de los expedientes, los cuales, aseguró, fueron cuidadosamente valorados por el área jurídica para ser turnados como denuncias penales, a partir de la falta de solventación de pliegos de observación no solventados que fueron señalados en los informes de fiscalización de la cuenta pública del gobierno municipal de Culiacán, de 2019.

De los montos señalados, los servidores públicos implicados y los detalles del expediente no han sido revelados por la ASE, solamente que se trata de una falta de solventación por la adquisición de productos y servicios.

Félix Rivera sostiene que la presentación de los dos expedientes contra el gobierno municipal de Culiacán, no tienen dedicatoria, y que solamente la ASE actuó en apego a sus facultades como órgano fiscalizador.

El informe individual de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de Culiacán de 2019, que fue entregado al Congreso del Estado, emitió 32 pliegos de observaciones, en donde se presumieron la posibles irregularidades.

En el referido informe, el pliego de observación del monto mayor fue por 8.7 millones de pesos por haber realizado pagos del gasto corriente por concepto de seguros de vehículos, sin contar con los comprobantes fiscales digitales impresos.

El otro pliego se refirió a un gasto por 6.8 millones de pesos de los recursos recolectados del impuesto predial rústico para la adquisición de camiones recolectores de basura, los cuales habían sido asignados al área urbana de Culiacán, situación que fue calificada por los auditores de la ASE como improcedentes porque debieron ser canalizados a la zona rural.

Si las dos observaciones fueron solventadas se desconoce porque los resultados no se hacen públicos para su seguimiento, pero pudiesen haber sido los incluidos en la denuncia por ser los de mayor monto.

La presentación de las denuncias por parte de la ASE, se realizaron luego de un prolongado periodo durante el cual no se presentaron denuncias al concluir el proceso de revisión de las cuentas públicas, situación que provocó un señalamiento reiterado de los diputados, especialmente integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Aunque el alcalde de Culiacán está siendo sujeto a un procedimiento de juicio político, la presentación de las denuncias penales a Jesús Estrada Ferreiro, no han provocado, hasta el momento, que los diputados de la Comisión Instructora soliciten a la ASE información sobre los expedientes que se hicieron llegar a la Fiscalía General para acusar a los servidores públicos que resulten responsables de los hechos en los que se presume daños al erario.

La titular de la ASE advierte que en la presentación de la denuncias no existe una dedicatoria contra el alcalde Culiacán, sino un acción bajo la facultades que tiene la Auditoría Superior del Estado y la valoración hecha por el área jurídica, tras haberse concluido el proceso de revisión por parte del Poder Legislativo.

Félix Rivera trae a su mente el escenario que vivió en su momento el alcalde de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos, quien a partir de una denuncia por un tema de violencia familiar se solicitó el desafuero para poder llevar el juicio penal.
Para que un alcalde lleve un juicio penal, lo primero que debe hacerse es desaforarlo a través de una solicitud, en este caso de la Fiscalía General, explica la funcionaria.

En las denuncias presentadas, la auditora sostiene que no conoce el estatus del expediente porque la obligación termina en presentar la denuncias, pero no es parte, y ahora solamente compete acudir dentro de la investigación en caso que se le solicite información adicional.

Por lo pronto la ASE ya tiene una nueva cita ante la Fiscalía General para presentar denuncias penales por tres expedientes más, que pudiesen ser contra otros municipios por presuntos hechos de daños a la hacienda pública.

Artículo publicado el 29 de mayo de 2022 en la edición 1009 del semanario Ríodoce.

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