Cercan al alcalde de Culiacán

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Abren otro frente para quitar a Jesús Estrada Ferreiro de la presidencia

El futuro del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se podría escribir esta semana. Al proceso del juicio político en su contra se suman cinco denuncias por presunta corrupción en el manejo de recursos públicos contra el Ayuntamiento de Culiacán, y una denuncia penal por abuso de autoridad y discriminación contra él, que podrían llevar a su destitución.

Lea también: Fiscalía estatal ha recibido 5 denuncias contra el Ayuntamiento de Culiacán y una contra Estrada Ferreiro

En un intento por ganar tiempo, Estrada Ferreiro tramitó un amparo el pasado lunes para evitar ser separado del cargo, y el miércoles un juez le concedió la suspensión provisional, la cual no evita que el juicio político continúe, pero sí que se dicte una resolución en tanto no se resuelva la suspensión definitiva, lo cual ocurrirá en los próximos días.

De forma paralela al juicio político, se prepara un segundo frente que podría llevar al cese del alcalde morenista. Dos denuncias por corrupción presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y una más por discriminación y abuso de autoridad de viudas de policías.

La vicefiscal Anticorrupción, Nereida Avilés, confirmó este martes que las cuatro denuncias por corrupción no señalan directamente al alcalde, sino que van en contra de la administración municipal. Dos de ellas fueron presentadas por ciudadanos, dos por al ASE y una por una federación de abogados.

Por las cinco denuncias se abrieron cuatro carpetas de investigación.

Las denuncias de la ASE, extraoficialmente se informó que tienen que ver con compras directas y sin licitación realizadas durante la administración de Estrada Ferreiro y que han sido señaladas por la Auditoría estatal y por la Auditoría federal.

En la revisión de la cuenta pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Ayuntamiento de Culiacán adjudicó un contrato por 2 millones 298 mil pesos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios para la adquisición de 100 chalecos antibalas a la empresa Comercializadora All Mobile, Tactical, Lighting N Armored Divices, S.A. DE C.V, es decir con un precio unitario de 22 mil 900 pesos.

La ASF comparó el costo con un procedimiento consolidado realizado por la CdMx en el que se adquirió el mismo bien a un precio unitario de 10 mil 200 pesos, determinando que la comuna de Culiacán pagó 125 por ciento más caros los chalecos.

Esa misma empresa ha recibido dos contratos más de la Comuna culichi, uno por 30 millones de pesos de forma directa y sin mediar licitación en julio de 2020 para dar servicios de mantenimiento mecánicos a las unidades del ayuntamiento, y otro más por 49.7 millones en julio de 2021.

La contratación directa, se argumentó en la póliza del contrato obedece al supuesto de que el Taller Municipal “no se da abasto” con los más de 400 vehículos a los que se les da mantenimiento. Desde camiones, patrullas, vehículos oficiales y otros.

En septiembre de 2020, el gobierno de Estrada Ferreiro adjudicó también de manera directa, un contrato por 2 años y medio para el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura a la empresa Grupo Ketzer S.A. de C.V., con domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 117 millones de pesos.

En la revisión de la cuenta pública de 2020, la ASE señaló que en el rubro de Servicios de Arrendamiento detectó pólizas de diario en las que registran pasivos con diversos proveedores por concepto de arrendamiento, en las cuales anexan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 34.7 millones de pesos en contratos de prestación de servicios; sin embargo, omiten la evidencia del aseguramiento de la maquinaria arrendada por parte de los proveedores, fianza de cumplimiento y análisis de costos horarios por los trabajos realizados.

La ASE señala a una decena de empresas, entre ellas Grupo Ketzer y LUMO Financiera del Centro SA de CV, SOFOM de ENR, esta última tiene también un contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura.

Dichas adjudicaciones forman parte de las denuncias presentadas por la ASE ante la Fiscalía estatal, y cuyas carpetas de investigación están por cerrarse, lo que sumaría otro proceso contra Estrada Ferreiro, que podría llevar a la solicitud de su desafuero.

Y mientras esto sigue su curso, Estrada Ferreiro inició una semana antes una operación para buscar dejar sin efecto las denuncias del juicio político en su contra. El 9 de mayo acudió al Palacio de Gobierno y entregó un convenio en el que aceptaba los 20 millones de pesos ofrecidos por el gobernador Rubén Rocha Moya para pagar el retroactivo de la homologación de las pensiones de viudas de policías, y que fue uno de los temas detonantes del juicio político.

Rocha Moya le condicionó la entrega del recurso al retiro de la controversia constitucional con la que se busca no aplicar descuentos en los servicios de agua potable a jubilados y pensionados.

Estrada argumentó no tener responsabilidad en la controversia, ya que fue presentada por la Síndica Procuradora y el Cabildo de Culiacán, y el pasado miércoles, por mayoría los regidores avalaron no retirar la controversia.

“Yo cumplo con lo que marca la Ley, yo no tengo ninguna responsabilidad en la controversia porque la interpuso la síndica procuradora por acuerdo del cabildo y el no retirarla lo prohíbe la Ley, lo prohíbe la jurisprudencia, no yo”, declaró Estrada Ferreiro.

Ante la falta de acuerdos con el Ejecutivo, Estrada dijo que pagaría con recursos del ayuntamiento la homologación a partir de la quincena del 15 de mayo. Dos días después, el colectivo Familias de Policías Caídos AC denunció que los pagos llegaron, pero incompletos. Acusaron que los cheques tenían “moches” de hasta un 20 por ciento.

Y lejos de buscar acuerdos, Estrada Ferreiro volvió atizar el fuego, y volvió a acusar al gobernador Rubén Rocha y al diputado Feliciano Castro, a quien antes llamó “perros rabiosos” de estar detrás del juicio político en su contra.

“Esto significa hostigamiento y corrupción y eso está manejado desde Feliciano Castro Meléndrez y el gobernador también”, dijo el alcalde durante una transmisión en vivo en el Congreso del Estado el pasado viernes, cuando se le negó la entrada a un notario público que lo acompañó a dar fe de las diligencias para las que fueron citados él y su abogada.

Artículo publicado el 22 de mayo de 2022 en la edición 1008 del semanario Ríodoce.

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