La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de mariguana, con la excepción de que se pueda probar que no es para consumo personal.
Con tres votos, los ministros de la Primera Sala consideraron contrario a la Constitución castigar penalmente a quien posea más de 5 gramos para consumo recreativo del cannabis, publicó El Universal.
De esta forma, la Primera Sala de la Corte reprobó lo estipulado en el artículo 478 de la Ley General de Salud (LGS), que desde 2009 solo permite la posesión de menos de 5 gramos para consumo personal, pero castiga con 10 meses a tres años de cárcel si excede esa cantidad, según Reforma.
La mayoría de los ministros establecieron que los fiscales y jueces deben aclarar si la droga es para consumo personal, sin importar la cantidad. De ser este el caso, la persona no debe ser acusada penalmente.
Reforma señaló que esta decisión de la Corte no implica que los criterios contenidos en esta sentencia sean de cumplimiento obligatorio para los jueces. No obstante, se prevé que la gran mayoría se ajustaran a ellos, pues los libran de tener que procesar casos menores de posesión de cannabis.
Lo que hoy estuvo a discusión en la SCJN con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara forma parte del caso de Edgar “N”, quien en 2018 fue detenido por policías de la Ciudad de México cuando circulaba en patineta por calles de la alcaldía Iztapalapa llevando para su uso personal consigo 30.6 gramos de cannabis, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público y lo vincularon a proceso por el delito de posesión simple.
La agrupación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) asumió la defensa de Edgar y presentó un amparo con el que reclama la inconstitucionalidad del delito por “contravenir los principios democráticos del derecho penal y ser una medida desproporcional al bien que pretende proteger, que es la salud pública”, publicó Animal Político.
Sin embargo, un juez de la Ciudad de México decidió vincular a proceso a Edgar por delitos contra la salud, y sigue su proceso en libertad.
En 2020 su amparo llegó a la SCJN, pero fue hasta octubre de 2021 cuando el ministro González Alcántara presentó una primera versión de proyecto de sentencia, que en realidad no modificaba nada respecto a la legislación actual. Ante el reclamo de organizaciones, se retiró el proyecto, según el medio digital.
Y ahora, medio año después, el asunto volvió a listarse para ser analizado por la Primera Sala con una nueva propuesta del ministro González Alcántara que fue aprobada.
Con información de Proceso.
