Huyeron por el temor a ser desplazados; ya asentados, fueron desalojados de nuevo

Maximina Aboyte Aboyte y Eréndira Ruiz Espinoza, con sus hijos y 11 familias más, viven de arrimadas en la casa Buen Samaritano de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, luego de que un influyente constructor las desalojara de las casas que construyeron en un predio ejidal, que fue reclamado por el inmobiliario y quien con una pala mecánica destruyó sus hogares.

Así, este jueves concluyó la tercera tragedia de esas 13 familias, que por segunda ocasión lo han perdido todo en una década.

Ellas están sentadas en sillas plásticas, en la segunda planta del albergue católico. A sus costados están dos hombres y varios niños, que pasan el tiempo entre no hacer nada y despabilarse en colchones de hule espuma.

Por el momento no sufren hambre porque el ayuntamiento de Guasave les envía alimentos preparados y tienen en donde dormir, pero será hasta este domingo, porque lo tendrán que abandonar.

Ese día, serán lanzados de nuevo en la calle por tercera ocasión en una década, justo como ocurrió el martes 26 de abril en la colonia Colonos Unidos, ubicada en Tomás Aquino (camino viejo de la Petatlán) y Teresa de Mier, en donde 12 años atrás la fundaron en el ejido Guasave huyendo con solo las prendas que llevaban puestas de su natal Agua Caliente de Cebada, iniciando el interminable desplazamiento.

Entonces, en la sierra de Sinaloa municipio, eran tiempos violentos. Un día vivían y al siguiente morían. Allí, al ocaso se quemaban casas y al alba ardían ranchos y vehículos. Una noche mataban a cinco hombres y a la mañana siguiente, las balaceras aún continuaban. Entonces, no había gobierno que los auxiliara, porque, se sabría después, las policías del gobernador Mario López Valdez y de Gerardo Octavio Vargas Landeros, servían al Cártel de Sinaloa.

Ambas mujeres recuerdan con monosílabos que salieron del pueblo para ya no regresar nunca. Ellas no quieren rememorar su pasado, porque aún temen ser encontradas por quienes desalojaron a las más de 180 familias que vivían en Agua Caliente de Cebada.

Ellas, Como Matías Castro Ruiz, otro desplazado que enrolla alambre de púas del lote en donde levantó su casa de madera, hule negro y árboles frutales, son parcos al contar el inicio de su odisea.

Pero, afirman que llegaron a ese predio en el año 2011 invadiendo un monte, como otras tantas familias lo hicieron.
En junio del 2015, el entonces comisariado ejidal Ignacio Castro Acosta les extendió una carta reconociéndoles 10 años de antigüedad como posesionarios irregulares de la manzana 289 de la parcela 991, que tenía dominio pleno. Con la misiva, los posesionarios tramitaron la introducción del agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Y algunos, como Sergio Meza Cruz y las mujeres, construyeron sus casas de ladrillo y concreto.

El mismo año que iniciaron la introducción de los servicios públicos, sin ellos saberlo se inició en el Juzgado Primero Civil el juicio 115/2015 por el constructor, Paúl Román Zavala.

Sergio lo describe como un hombre ligado al poder del Estado y municipal, prepotente, abusivo y casi criminal pues el día del desalojo pretendió matar por aplastamiento a una mujer y a sus dos hijos derrumbando la casa.

Afirmó que el hombre se aprovechó de la ignorancia de los posesionarios y de la corrupción que priva en los tribunales realizando actuaciones en lo oscuro y bajo toda reserva obstruyéndoles el derecho a la defensa, perdiendo el caso.

De la resolución se enteraron por accidente cuando uno de los posesionarios leyó en estrados municipales su nombre. Entonces pagaron abogados, pero el caso ya estaba finiquitado.

Tras el desalojo, contaron todos, los desplazados regresaron por camino andado al verse de nuevo en la calle, sin un lugar en dónde vivir y sin poder retornar al terruño, en donde vivían de lo que daba el monte, engordando ganado flaco, cosechando frijol o maíz después de la temporada de lluvia o cortando estacón, troncos o pepenando frijoles saltarines en tiempo de secas.

Tras ser desalojados por el constructor, y estallar el caso en redes sociales, el gobierno municipal de Martín Ahumada Quintero entró al quite.

A través del secretario Adán Camacho Gámez ofreció apoyo humanitario para niños y mujeres, y comprometió pies de casas para los desplazados, a mediano plazo.

En tanto, buscan los terrenos óptimos para la edificación, se analizan los diseños de las viviendas, precisaron los desplazados que les había informado una licenciada, cuya identidad desconocían.

En un comunicado, Camacho Gámez dijo que por la emergencia, los colonos desalojados fueron albergados provisionalmente a la preparatoria Francisco J. Mújica, mientras se busca una solución definitiva.

Parcialmente, estarían en condiciones de buscar casas de renta, mientras se logra la asignación de un terreno.

En tanto, el desplazamiento de las familias continúa sin detenerse.

Artículo publicado el 30 de abril de 2022 en la edición 1005 del semanario Ríodoce.