Acusan persecución política contra Estrada Ferreiro; se mantiene la secrecía

SIMPATIZANTES MORENISTAS. Que no se persiga a Estrada

Avanza procedimiento de juicio político contra el alcalde incómodo

La mañana del jueves 28 de abril, en el día límite para ser notificado, la Comisión Instructora comunicó personalmente al alcalde Jesús Estrada Ferreiro sobre el proceso de Juicio Político iniciado en su contra.

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Los diputados, encabezados por Marco César Almaral Rodríguez, se presentaron a primera hora en el despacho del presidente municipal de Culiacán. La misión era hacerle entrega de una copia de la denuncia de juicio político como lo señala Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Presente estuvo el diputado de Morena, César Ismael Guerrero Alarcón, quien suplió en su lugar a su compañero legislador Jesús Ibarra, quien declinó participar en la comisión por haber sido asesor del alcalde. En la comitiva asistieron también el director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, Donato Vega Márquez, y el notario público Marco César García Bueno.

El encuentro de la Comisión Instructora con el alcalde y sus cercanos colaboradores, entre ellos su asesor Jesús Armando Liogon Beltrán, se realizó a puerta cerrada.

El alcalde tiene un término de siete días hábiles para que, en uso de su garantía de audiencia, comparezca personalmente o conteste por escrito sobre la materia de la denuncia, ofrezca pruebas y designe un defensor si lo estima conveniente.

Una vez que concluya la semana que tiene el alcalde para contestar la denuncia, cuya copia le entregó la Comisión Instructora, procederá a la calificación, admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, dentro de un periodo de 20 días hábiles, pero también si lo considera necesario podría ampliar el plazo a un máximo de 15 día hábiles.

Un día antes de la notificación formal, el alcalde Estrada Ferreiro había hecho un viaje relámpago a la Ciudad de México, lo que impidió asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, el cual será la columna vertebral de la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya.

De los 18 alcaldes de Sinaloa, el único ausente fue el de Culiacán.

Aunque Estrada Ferreiro no acudió al Museo de Arte, en donde fue la presentación del PED, la controversia sobre el juicio político del alcalde de Culiacán se hizo presente porque los regidores de Morena y el activista Salomón Monárrez Meraz, presidente de una organización denominada Oficina del Pueblo, acudieron con mantas al evento donde estuvieron arengando.

“No a la persecución política contra Jesús Estrada Ferreiro”, se podía leer en las mantas rotuladas con el emblemático color guinda empleado por Morena.

SALOMÓN MONÁRREZ Y REGIDORES MORENISTAS. No al acoso político.

Ahí, a pie de calle, declaró que había acudido como un defensor de derechos humanos y afirmó que Estrada Ferreiro estaba recibiendo una emboscada de parte del gobernador Rubén Rocha Moya y operada en el Congreso del Estado por Feliciano Castro Meléndrez.

Por su parte, el diputado de Morena, Serapio Vargas, aseguró en conferencia de prensa que funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán estaban utilizando las instalaciones públicas y la jerarquía laboral para obligar a los trabajadores a que ellos y sus familiares firmaran formatos de apoyo al alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Frente a las acusaciones sobre la secrecía con que se ha manejado en el Congreso del Estado el juicio político contra Estrada Ferreiro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, descartó que vulneren la transparencia y el derecho a la información.

“No es un acto de manejar la cosas en lo oscurito. No, es atender la ley”, dijo ante reporteros de diversos medios de comunicación que le han insistido declaraciones sobre los detalles del proceso de juicio político que se sigue con el acalde.

Entre los argumentos del también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, es que el juicio político es una carpeta en trámite, cuya información debe mantenerse en reserva hasta en tanto no se realice la investigación.

El propósito, explicó, es garantizar el debido proceso que supone la presunción de inocencia. “El Congreso, no puede, no debe acusar a nadie”.

Castro Meléndrez expresó también que no quería entrar ahora en polémicas y pidió comprensión a los reporteros.

El artículo 29 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos señala que las audiencias que se celebren en el juicio político o en los actos previos a él, se llevarán a cabo en sesión pública, excepto cuando las buenas costumbres o el interés general requieran que sean secretas.

Al momento el proceso de juicio político se sigue bajo reserva en el Congreso del Estado, desde el inicio cuando se votó el asunto en una sesión secreta.

Artículo publicado el 30 de abril de 2022 en la edición 1005 del semanario Ríodoce.

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