El 83.99 por ciento de las carpetas de investigación resueltas son archivadas en Sinaloa

Solo el 16 por ciento de las carpetas de investigación resueltas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fueron judicializadas y el 83.99 por ciento restante fueron enviadas al archivo, se decretó no ejercicio de la acción penal o se declinó la competencia.

De acuerdo con el Informe de Labores 2021, la dependencia clasificó como resueltas 22 mil 887 carpetas, de las cuales solo 3 mil 662 llegaron a los tribunales.

Del total, 10 mil 31 fueron enviadas al archivo temporal, en 8 mil 669 se decretó el no ejercicio de la acción penal y en 515 se declinó la competencia.

La Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, dijo que es complejo explicar porqué hay un porcentaje tan alto de carpetas de investigación que se van al archivo.

“Si se van al archivo es porque una carpeta que se ha iniciado y, que se va al archivo, es porque en el camino de su instrucción nos damos cuenta que los hechos no constituyen delito o bien que la persona se desistió, que eran de los delitos que podrían desistirse o que otorgó el perdón, por eso son asuntos que no se judicializan y nosotros en aras de darle atención a todas las personas que acuden a Fiscalía pues le recibimos la denuncia y les registramos y ya en el trascurso de la instrucción nos damos cuenta de que no puede tener otro fin mas que el archivo”, indicó.

Manifestó que “tiene muchas explicaciones y sería un poco complejo de abordar pero se debe a que cualquier hecho que va denunciar la persona, nosotros por darle atención, es que se registra por eso tenemos números tan elevados “.

De acuerdo con dos abogados consultados con su explicación la Fiscal solo justificó la ineficiencia del Ministerio Público y culpó a las personas que presentan denuncias del alto índice de carpetas que se van al archivo.

Cuando una persona desiste o los hechos que denunció no constituyen un delito se actualizan las causales de sobreseimiento y la carpeta no se va al archivo como señala la Fiscal, mencionaron, sino que se decreta el no ejercicio de la acción penal.

Las carpetas que son enviadas al archivo, indicaron, es porque el Ministerio Público no tiene datos para continuar con la investigación o para establecer las líneas de investigación y la carpeta queda “guardada” mientras el Fiscal obtiene elementos para seguir con la indagatoria y judicializarla.

De acuerdo con la FGE de las 3 mil 662 carpetas judicializadas, 2 mil 890 fueron sin detenido, 285 con detenido y en 487 solicitaron orden de aprehensión.

Los principales delitos por los que judicializaron las carpetas fueron violencia familiar, lesiones dolosas y robo simple.

A la fecha la FGE tiene abiertas 51 mil 295 carpetas, que según el informe “deja ver el gran trabajo que aun falta por realizar en materia de procuración de justicia en el Estado de Sinaloa, el cual afrontamos desde este organismo con gran compromiso, honradez, profesionalismo y ética de trabajo, en beneficio de las víctimas del delito y sus familiares.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dio a conocer que llevó a los tribunales tres casos.

Señala que se resolvieron 43 carpetas de investigación, de las cuales solo tres se resolvieron en los tribunales con la suspensión condicional del proceso, 15 fueron con el no ejercicio de la acción penal, 14 por extinción de la pretensión punitiva por prescripción, 10 por abstención de investigar, tres por suspensión condicional del proceso y una por incompetencia.

Los delitos en esas carpetas eran desempeño irregular de la función pública, ejercicio indebido del servicio público, cohecho, peculado, negociaciones ilícitas y uso indebido de documentos.

Menciona que además se resolvieron siete averiguaciones previas con el no ejercicio de la acción penal.

La Fiscalía Anticorrupción presume que el año pasado obtuvo una sentencia de ocho años de prisión y el pago de reparación del daño por 8 millones 651 mil pesos por el delito de desempeño irregular de la función pública, sin embargo esa sentencia la que recibió el ex secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, en 2020.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, resolvió 362 carpetas, pero solo cuatro llegaron a los tribunales y el resto 204 fueron mediante el no ejercicio de la acción penal, 126 al archivo y 28 por incompetencia.

La Fiscalía presume que el año pasado resolvió 236 carpetas más pero hace la comparación con 2019, cuando fueron 126, lo que representa que el año pasado fueron 186 por ciento más.

Si se compara el 2021 con el año inmediato anterior, el 2020 cuando fueron 452, la Fiscalía resolvió 19 por ciento menos carpetas de investigación.

El mayor porcentaje de carpetas judicializada fue en la Unidad Especializada para la Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en Situación de Vulnerabilidad que atiende la violencia familiar y los feminicidios, entre otros delitos.

La unidad resolvió 6 mil 429 carpetas, de cuales el 37 por ciento fueron judicializadas, principalmente por los delitos de violencia familiar, lesiones dolosas y abuso sexual o atentados al pudor.

La Unidad con el menor porcentaje de carpetas judicializadas es la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, que resolvió 4 mil 593 carpetas y solo el 1 por ciento fue por judicialización y el 99 por ciento restante enviadas al archivo, no ejercicio de la acción penal o por incompetencia.

En el informe la Fiscal General, Sara Bruna Quiñónez Estrada, menciona que desde su nombramiento el 15 de noviembre de 2021, su principal preocupación “ha sido que este organismo constitucional autónomo brinde un excelente servicio público, con calidez humana, personalizado y cercano a las necesidades de las víctimas del delito y sus familiares, procurando que los derechos de las personas sean debidamente respetados, protegidos y garantizados en cada una de nuestras investigaciones”.

Artículo publicado el 24 de abril de 2022 en la edición 1004 del semanario Ríodoce.