UIPE no investiga lavado de dinero en Sinaloa

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A un año de haber sido creada, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía del Estado sólo ha sido coadyuvante en investigaciones por otros delitos

A un año de su creación, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado (UIPE) no ha presentado ninguna denuncia.

El 17 de abril de 2021 entró en vigor el marco legal de la UIPE, que puso en marcha la unidad creada para combatir el lavado de dinero en la entidad.

El mismo día entraron en vigor las reformas que tipifican el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Código Penal de Sinaloa.

Un año después, la UIPE a cargo de Ángel Angulo Cázarez, no ha presentado ninguna denuncia ni ha colaborado en ninguna investigación por lavado de dinero y solo ha coadyuvado con agencias del ministerio público en investigaciones por otros delitos.

Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los últimos cuatro años, indican que de 2018 a 2021 en el estado hubo un millón 074 mil 065 reportes de operaciones que podrían estar vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del terrorismo y su financiamiento.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el trabajo de la UIPE en combate al lavado de dinero es nulo y tampoco adquirieron los equipos y software que debían comprar a pesar de tener recursos federales asignados para hacerlo.

Según la información, la UIPE no cuenta con un reglamento interior y/o manual de procedimientos, personal capacitado, no hay coordinación con autoridades de la entidad y tampoco recopilación de datos o acceso a fuentes de información estatal y municipales.

A un año, señala, la UIPE no se encuentra operando de manera óptima debido a que aún se está conformando.

El trabajo que ha hecho la Unidad es atender solicitudes de colaboración con otras autoridades.

Para la Agencia del Ministerio Público de Investigación de Feminicidios atendió 37 solicitudes, para la Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común, 33, y para la Agencia de Desapariciones Forzadas, 22.

Según el SESNSP, el año pasado se destinaron recursos para la UIPE en el programa de Fortalecimiento y/o creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

El objetivo era fortalecer la Unidad mediante el equipamiento de recursos humanos y materiales, así como de la capacitación y actualización en el uso de nuevas tecnologías que permitan su operación y desarrollo de actividades eficientes y eficaces, relativas a la obtención, explotación y generación de información útil para la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados, lo que a su vez debilitara a las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia en el estado.

Entre las metas tenía la de lograr la infraestructura para el adecuado funcionamiento de la Unidad mediante la adquisición de un servicio de análisis y obtención de información, una Licencia de Software de Análisis y la adquisición de un Servidor Biométrico con su licencia.

La UIPE cumplió con la meta de comprar el equipo biométrico pero no la de comprar seis equipos de software debido a que solo adquirieron uno.

El SESNSP asignó a la unidad 3 millones 343 mil 323 pesos para la adquisición del equipo y el software y solo ejercieron 591 mil pesos.

Otras de las metas de la UIPE eran sentar las bases para operar con criterios homologados conforme al estándar nacional y en plataformas de tecnologías de la información y comunicación que permitan integrar y diseminar productos de inteligencia y realizar las acciones conducentes en la consecución de aquellos instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con instancias de los tres órdenes de gobierno, que permitan optimizar la obtención, acceso e intercambio de información.

Las bases para crear la UIPE en cada estado del país fueron sentadas en 2019 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En Sinaloa, desde 2020 se inició con la creación de la Unidad con la firma de un acuerdo entre el entonces Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Ese año crearon la UIPE con el objetivo de establecer un sistema eficiente y eficaz que permita la obtención de primera mano de toda la información patrimonial, fiscal, económica y financiera, existente en diversas instancias locales y la transformación de ésta en información de inteligencia, que permiten identificar, investigar y sancionar actos ilícitos desde la óptica científica de la investigación basada en herramientas de inteligencia, información patrimonial y económica, en la comisión de delitos de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos vinculados con uso y actos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La finalidad de la UIPE, indica el decreto de creación, es debilitar las estructuras criminales y desarrollar procesos penales, con medios de prueba científicos, sólidos y contundentes para la sanción de delitos de alto impacto social.

Sin embargo, formalmente la unidad entró en funciones hasta abril del año siguiente cuando se publicó el marco legal para su operación y la tipificación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Artículo publicado el 17 de abril de 2022 en la edición 1003 del semanario Ríodoce.

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