En julio de 1988, el país llega a la elección presidencial con Carlos Salinas por el PRI, Manuel “Maquío” Clouthier por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas por un grupo de partidos de izquierda y centro izquierda, aglutinados en lo que llamaron Frente Democrático Nacional (FDN), cuyo principal componente en términos de fuerza fueron los desprendimientos del PRI, la llamada Corriente Crítica encabezada por el propio Cuauhtémoc y Porfirio Muñoz Ledo.

Con la famosa “caída del sistema” y la celebración de los cómputos una semana después de la elección, el gobierno no pudo convencer del triunfo de Salinas y el FDN reclamaba con dureza que el ganador era Cuauhtémoc Cárdenas.

Siguieron meses de protestas, marchas, violencia electoral, tomas de carreteras, puentes fronterizos, homicidios, desaparición de personas y quema de palacios de gobierno, que no amainaron ni después de que la Cámara de Diputados declaró válido el triunfo de Salinas, ya que a la federal se sucedieron elecciones con igual o mayor desaseo en diversos estados.

Las reglas electorales estaban diseñadas para favorecer al partido oficial, no había tribunales que dieran certeza y las “mesas de diálogo” en Gobernación eran insuficientes para convencer a los mexicanos del resultado real de la elección.

Sería la presión o la visión de Estado, pero Salinas entendió que el país no podía seguir por esa ruta de la polarización, la desconfianza y el trauma politico y con la colaboración del PAN y la vigilancia del ya para entonces creado PRD, empezó en la Secretaría de Gobernación un proceso de reforma político electoral de gran calado.

A partir del segundo trimestre de 1989 y hasta mediados de 1990, se trabajó en la confección de una iniciativa de reforma constitucional y nueva ley electoral y así, nació el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (COFIPE).

A la par y desde el Registro de Electores, ya como dependencia del IFE, se acordó levantar un nuevo padrón utilizando la técnica censal total, es decir visitando todas y cada una de las viviendas del país para identificar y empadronar a los mayores de 18 años, para luego regresar a entregar en mano su nueva credencial para votar.

El IFE, presidido por el Secretario de Gobernación, debutó funcionalmente en la vida nacional, organizando las elecciones intermedias de 1991, con la existencia de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, nuevo padrón y credencial, y avanzando en la solución de viejos problemas llamados de primera generación en materia electoral, como fueron el nombramiento por sorteo de funcionarios de casilla, cantidad limitada de boletas, reglas para casillas contiguas, extraordinarias y especiales, traslado de paquetes, etcétera.

Para la elección presidencial de 1994, el IFE cumplió su tarea de entregar credencial con fotografía a casi 60 millones de mexicanos, pero esa elección dejó ver otras carencias, ahora en materia de topes de gastos de partidos y candidatos.

En 1996, con Zedillo en la presidencia se emprende una reforma constitucional con el aval de todos los partidos: entre otros importantes avances, Gobernación sale del IFE; el Tribunal Electoral pasa al Poder Judicial; se elige Jefe de Gobierno en CDMX, se establecen topes de campaña y se da transparencia al financiamiento público, aunque todavía muy limitados en la fiscalización.

Con la mejora en las condiciones de contienda, en 1997 el PRI deja de ser mayoría en la Cámara de Diputados y en 2000 la ciudadanía decidió un cambio de partido en la presidencia, sin violencia, sin protestas y sin trauma político.

En 2007, se avanzó prohibiendo a partidos, candidatos y particulares contratar propaganda politica en medios electrónicos y desde hace ocho años en otra reforma el IFE, pasó a ser INE, con mayores responsabilidades en el ámbito nacional.

Con el mecanismo escalonado de la renovación de sus consejeros se ha dado continuidad a sus tareas y se ha conformado un ejército de profesionales que distribuidos en los 300 distritos electorales mantienen actualizado el padrón; entregan credenciales; ubican lugares para las casillas; diseñan boletas y demás documentación electoral; capacitan a los ciudadanos para recibir y contar los votos y sobre todo dan certeza a los resultados, ya que la ejecución de estas actividades se hace con la participación de representantes de los partidos políticos.

Adicionalmente, fiscalizan y vigilan el gasto de los partidos; monitorean los medios electrónicos para evitar la contratación de propaganda política y tramitan quejas y denuncias por violación de las leyes y reglamentos electorales.

Así las cosas ¿Quién o quiénes pueden estar interesados en atacar, destruir y desmantelar al INE y al TEPJF?

La respuesta es sencilla: quienes a costa de todo quieren permanecer en el poder con desprecio absoluto de la democracia y quieren arrebatar a los mexicanos su capacidad de decisión. Para ellos, Morena, estas instituciones son un estorbo.

Artículo publicado el 10 de abril de 2022 en la edición 1002 del semanario Ríodoce.