Las modificaciones permitirán la aplicación de sanciones a funcionarios
El cabildo de Ahome homologó el reglamento del Órgano Interno de Control (OIC) y lo dotó de dientes y uñas, acotó las responsabilidades del director, pero más que nada, dio certeza jurídica a las investigaciones y sanciones a emitir por faltas cometidas por funcionarios públicos.
Antes de las modificaciones, las sanciones emitidas eran mínimas y eran “tumbadas” fácilmente, pues el reglamento tenía una incongruencia bárbara: no tenía reconocimiento, pues mientras la oficina era conocida como Órgano Interno de Control, el director, era llamado contralor, un cargo inexistente en el organigrama interno, y por tanto, sin representación oficial.
Hoy, la omisión fue subsanada, incluso, se corrigieron los vacíos y las interpretaciones personales que daban pie a controversias, como la ocurrida en el trienio 2018-2021 cuando Pavel Roberto Castro Félix se autopropuso para un periodo más, sin tener facultad, y en donde se mantuvo por una incorrecta aprobación del cabildo y respaldo del alcalde de entonces, Manuel Guillermo Chapman Moreno.
Incluso el alcalde entabló una controversia constitucional para mantener en el cargo al mismo funcionario al que criticó duramente por su abierta complicidad con el presidente municipal que se lo heredó. Y finalmente, ambos hicieron migas y alianza para frenar a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, que finalmente ganó la careada a “Billy” a quien logró colgarle dos sentencias por violencia política de género.
Con el nuevo, legalmente el director del OIC puede autoproponerse para un periodo más, pero será la síndica procuradora y el cabildo quienes lo aprueben o rechacen; cuando sea por primera ocasión, la propuesta recaerá en la sindicatura de procuración.
El nuevo documento reduce a 18 responsabilidades las 65 obligaciones que tenía anteriormente el funcionario, acabando con la duplicidad y estableciendo la dirección a seguir en las auditorías y sanciones a conductas no graves, y le aprueba el dictado de los criterios a seguir por los empleados de la administración sobre casos específicos de conflicto. También le obliga a crear el código de ética municipal, y su observancia.
Fausto Rubén Ibarra Félix comenta que no hay más pretexto para ya no dar más resultados, ni causales para postergar sanciones a situaciones no graves, ya que al cierre de un ejercicio anual se deberá de presentar un balance de resultados de cada una de las tres dependencias.
Señaló que con el nuevo reglamento, el departamento gana autonomía pues le obliga a definir las direcciones de auditoría, investigación y a la contratación de un departamento legal para evitar que los autores de faltas no graves puedan evitar la sanción por tecnicismos o términos legales.
Recordó que al recibir la dependencia encontró huecos en los procedimientos y rezago de expedientes sin una causa justificada, pero que al entrar al detalle ubicó que se aprovechaban de los vacíos legales para retrasar las investigaciones y las sanciones, y dejar que esto prescribiera.
El abogado aseguró que a partir de la homologación del reglamento del OIC, la prioridad será la prevención de hechos, acabando con la simulación y dando certezas a las partes de que se actuará con el rigor del “librito”.
Además, con un reglamento, las actuaciones se simplifican y el titular adquiere la responsabilidad plena de los actos de subordinados, lo que obliga una estrecha comunicación y supervisión de cada dirección.
Resumió que las modificaciones fortalecen el actuar del OIC y reitera la autonomía ciudadana en un cargo que debe de estar alejado del poder, de los funcionarios.
“Desde mi punto de vista, la relación entre la burocracia y el OIC debe ser institucional y no fraternal, porque esto último incide cuando se deba investigar y sancionar las conductas. Lo mejor es convivencia cero para evitar compromisos”.
Angelina Valenzuela Benites, ex sindica procuradora que enfrentó a un sistema viciado y cuyos subordinados ganaron en tres ocasiones el premio a la contraloría social, consideró que la homologación del reglamento del OIC acabará con la duplicidad de funciones y deja a salvo las obligaciones de la representación evitando la intromisión de terceros, como el ejecutivo, en asuntos de mera inspección y supervisión de los recursos públicos.
“Si bien, el reglamento es perfectible, también lo es que es un avance que se había retrasado”, dijo.
Valenzuela Benites afirmó que en los casos en donde la ley es ambigua se debe de modificar, lo que sucedió con el reglamento del OIC.
Artículo publicado el 20 de febrero de 2022 en la edición 995 del semanario Ríodoce.
