El Congreso del Estado de Sinaloa recibió la notificación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la no aceptación de las recomendaciones hechas al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y al abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero.
Una de las recomendaciones hechas al alcalde de Culiacán fue emitida emitida el 11 de octubre de 2021 por violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica, ocasionada por la omisión de custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguridad a personas, así como por la prestación indebida del servicio público, en agravio de Diana Giselle Piña Padilla y José Alberto Piña Soto.
Otra recomendación fue emitida el 15 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos del honor y la seguridad jurídica, ocasionadas por las declaraciones públicas pronunciadas por el mismo presidente municipal.
Estas declaraciones lesionaron el honor y reputación de Mario Eduardo Kato, de viudas, familiares de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y de policías jubilados.
Una recomendación más fue emitida en contra del Ayuntamiento de Culiacán el 16 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad pública, con motivo del incumplimiento de la obligación que le fue impuesta por el artículo 44 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en agravio de Jesús Javier Félix Cervantes.
En el caso de la UAS, la CEDH emitió la recomendación 9/2021 por violaciones a los derechos del profesor José Casimiro García Castro, pero debido al desistimiento de este, la institución educativa consideró que no había materia y no aceptó la recomendación.
Sin embargo, los plazos ya habían corrido, y ante esta situación la UAS decidió aceptar la recomendación a efecto de finiquitar el proceso, y la aceptación fue informada por el actual abogado general, Robespierre Lizárraga.
Los cuatro oficios de la CEDH fueron leídos durante la sesión del Pleno de este jueves y turnados a las comisiones de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y dictaminación.
