jueves, mayo 26, 2022
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  • Dias de Impunidad

Espías y ‘orejas’

ENRIQUE INZUNZA. Un anuncio y mil dudas.

Enrique Inzunza, el flamante secretario de Gobierno del estado de Sinaloa, relevó al gobernador del estado en la conferencia semanera y, no quiso pasar desapercibido ante los medios, sino mostrar la responsabilidad que indica su nombramiento que es la de encargado de la política interna.

Dio el semanazo, al decir, que habían despedido a 44 personas de la Dirección de Gobierno que “no tenían funciones definidas” y, suavemente, deslizó que estas personas estaban dedicadas al espionaje, que eran simples “orejas” del director en turno, quien acumulaba información de personajes públicos, lo mismo un empresario que un político o un periodista.

Viene a mi memoria quizá el más frenético de los directores de gobierno: Luis Pérez Hernández, quién ocupó el cargo en el sexenio del gobernador Juan Millán y, más tarde, siguió con el de Jesús Aguilar Padilla.

Pérez Hernández, que era un especialista en informática formado en el CISEN, se dedicó a acumular información sensible a lo largo de años y, para ello, formó un equipo de jóvenes igualmente capaces que montaron un verdadero bunker donde estaban al tanto de todo, lo que hacían, seguramente, un selecto catálogo de hombres y mujeres sinaloenses.

O, mejor, personajes que despuntaban en el espacio público, pero, especialmente, en los entresijos del poder.

En sí, no está mal, la existencia de los servicios de inteligencia en los gobiernos, lo tienen todos los países del mundo democrático —no se diga los no democráticos— la cuestión es que sus funcionarios se sujeten a las necesidades del Estado y no a las de un personaje por más poderoso que sea.

Es, para decirlo sencillo, un mal necesario.

El problema empieza cuando esa información recaudada con dinero público, un grupo de interés o persona, la acumula con fines particulares y la utiliza para su beneficio o, más grave aún, para que el gobierno tenga una agenda oculta. Sobre, esto, viene a mi memoria el director de cine irlandés Ken Loach, quien en 1990 presentó la película Agenda Oculta donde en la trama revela que el gobierno de su país utilizaba ese tipo de información no para detener y canalizar a los guerrilleros del Ejército Republicano Irlandés (ERI) sino, para localizarlos y al menos violar sus derechos humanos. Y, algo, similar, ocurrió en España con el caso de las GAL y los asesinatos de etarras en el sur de Francia.

Guardando las proporciones y singularizando, es lo que ocurrió con Pérez Hernández, que tenía tanta información de personajes públicos que se sintió poderoso y pensó que podría utilizarla para obtener beneficios y utilizarla como escalera política y, empezó, a chantajear hasta que le pusieron un freno a su vida.

Se dijo que, en 2010, presionó con esta información al entonces gobernador electo para que le diera nuevamente una subsecretaría de Gobierno so riesgo de que, si no lo hacía, divulgaría información comprometedora.

Sin embargo, la información que da a conocer Enrique Inzunza se alcanza a entrever que el espionaje siguió existiendo durante el gobierno de Mario López Valdés y Quirino Ordaz Coppel, pues, de otra forma, no se explica, que esas cuatro decenas de empleados estuvieran en la nómina de esa dirección de gobierno.

Lo que sorprende es que siendo un delito que se cometió desde una oficina de gobierno y, eso, lo sabe muy bien el hombre de leyes que es el secretario de Gobierno, este lo minimice, reduzca a su despido, cuando estamos ante un crimen de gobierno.

Igual, dice, que estas personas —que, por supuesto, tenían un jefe o jefes— antes de irse borraron todo lo que había en las computadoras que les habían asignado y, afirmo y pregunto, está bien borraron los archivos, pero ¿quién puede garantizar que no se quedaron con copias de la información que se acumuló quizá durante décadas?

Estos gestos de gobierno que llevaron al secretario a hablar de “gobernabilidad democrática” y de una nueva forma de hacer política, en realidad despide un aroma de impunidad, del clásico “borrón y cuenta nueva”, cuando debería abrir una investigación que vaya por los culpables y castigue a los responsables institucionales de estos delitos y, de ser posible, rescatar la información que está por ahí guardada en uno o varios discos duros.

Así que, este gobierno morenista hace cosas buenas que parecen malas, el problema es que volvemos a lo mismo, se protege a los que se van y la retórica de la gobernabilidad democrática es sólo eso, palabras, y más palabras, cuando lo que se necesitan son hechos que demuestren que realmente estamos ante una nueva forma de hacer las cosas.

La gobernabilidad democrática, solo es posible en un gobierno de leyes y mediante políticas de transparencia y rendición de cuentas, que, en nuestro estado, y país, sirve para la retórica política y para discutirlo en seminarios académicos, pero, los gobiernos de Morena, y antes los del PRIAN, tramposamente nos presentan las cosas con una fuerte dosis de infantilismo y para audiencias acríticas, complacientes, ingenuas.

Eso es lo que sucedió la mañana del lunes pasado y luego leímos penosamente, lo que escribieron algunos “periodistas” que llegaron lambisconamente a erigir al secretario en un hombre de Estado, cuándo lo que dijo, bien lo pudiera decir más eficazmente un jefe de policía honesto que iniciara expedientes a esas decenas de ciudadanos que supuestamente se dedicaron al espionaje en los gobiernos que les precedieron.

Pregunto, si estamos ante un gobierno que pugna por la gobernabilidad democrática, ¿cómo se hará de información sensible para la seguridad de los gobernados o, acaso, tendremos que interpretar que este paso es uno nuevo hacia la absoluta desprotección de los ciudadanos sinaloenses?

Al tiempo

  • Artículo publicado el 23 de enero de 2020 en la edición 991 del semanario Ríodoce.
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