La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), ya realiza una investigación relacionada con la “adopción” de un menor el fin de semana pasado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú presidenta de la oficina Amar a NL.
El procurador de la PFPNNA, Oliver Castañeda indicó en entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido en el canal de YouTube de SinEmbargo que son varias las aristas que se investigan, incluidas “que haya o no, otras vulneraciones de derechos o incluso la posibilidad de que existan hechos ilícitos” los cuales de ser así deben ser denunciados ante las autoridades competentes.
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“Lo que implica para nosotros como Procuraduría federal de protección del sistema DIF nacional es realizar una revisión de qué es lo que ha sucedido en este caso y cómo es que esta situación, por la que se pudieron llevar el Gobernador y su esposa a un niño del centro asistencial Capullos, bajo qué circunstancias, en qué contexto, en qué condiciones, cuál es el estatus legal del niño, bajo qué mecanismos o actos administrativos o jurídicos es que esta actividad fue posible” indicó el Procurador.
En redes sociales la esposa del Gobernador que cuenta con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram y tiene monetizadas sus redes sociales, compartió una serie de imágenes y videos con el bebé “adoptado” y su esposo, las cuales se volvieron virales provocando que diversas organizaciones como Save The Children y Remin expresaran su preocupación por la exposición del menor en las redes, con lo que coincidió el procurador al asegurar que tanto el Gobernador como su esposa vulneraron al menor al exponer su identidad y datos personales.
Además, indicó, la pareja podría haber incurrido en delitos relacionados con la trata de personas, los cuales, en caso de probarse, generarían una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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“Hay una serie de supuestos por los cuales se podría estar constituyendo en delitos en materia de trata de personas, desde una adopción ilícita hasta cualquier otro mecanismo de explotación con fines que marca la ley en materia de trata y que evidentemente deberían ser denunciados ante la FGR para que inicien las investigaciones y puedan hacer esta labor en el ámbito legal”, señaló Oliver Castañeda.
El funcionario agregó que la PFPNNA trabaja para identificar qué otro tipo de vulneraciones existen en el caso y tomar las acciones correspondientes y que no solo se investigará a Samuel y Mariana, sino también a los funcionarios que forman parte del sistema DIF estatal y del centro asistencial que permitieron que el menor egresara sin permiso alguno del Centro de Asistencia Social Capullos.
