La vinculación a proceso del dirigente de precaristas en Los Mochis

QUEREMOS VIVIENDA. Demanda centra de los precaristas.

Afuera de los Juzgados de primera Instancia de Control y enjuiciamiento Penal Región Centro-norte, un grupo de mujeres pobres y sus hijos aguantaban el frío que soplaba, mientras adentro, en la sala A, su lideresa, Yesenia Gálvez Saille, enfrentaba una acusación por despojo.

Justo a la entrada del recinto de justicia, las mujeres protestaron por la criminalización de su lucha por una vivienda o de un predio en donde edificarla. Son familias precarias, conocidas como las “sin techo”. Son las más pobres, entre pobres. No tienen nada, ni empleo seguro. Lo único que en su día a día enfrentan son problemas de toda clase.

Y estos se agudizaron en el trienio del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno. Del 2018 al 2021, solo recibieron injurias, abandono y la bota del abuso de poder: les canceló una toma de agua comunitaria, les suprimió seguridad pública, canceló las despensas alimenticias, y les negó toda clase de apoyo.

La policía municipal, más que ayudarlas, las vejó. La síndica, Débora Preciado Valencia, fue incisiva con las familias pues usó los recursos a su alcance para desalojarlas, sin conseguirlo, recordó Juan Soltero Sánchez, fundador de la Central Unitaria de Vivienda (CUV), que respaldó al colectivo cuando el gobierno municipal se aplicó a fondo para desposeerlas del predio que defendían.

Ellas tienen años luchando contra la corrupción gubernamental y contra la abierta complicidad de los gobiernos con los poderosos, principalmente en contra de Hernando Vidales Méndez, un supuesto acaparador de terrenos que se alió con el desaparecido Instituto de la Vivienda de Sinaloa (INVIES) para “comprar” 217 lotes del estero Los Conchos con la condición de edificar casas populares, que finalmente no hizo, pero que ha revendido los mismos predios en innumerables ocasiones, afirmó Gálvez Saille.

Ella es una de esas mujeres estafadas, pues en el 2011 pagó unos 15 mil pesos por su lote en la calle Pez Trucha, pero Vidales Méndez no le entregó recibo ni contrato de compra-venta porque ofreció retornar al día siguiente, pero desapareció. En julio del 2019, aparece Eliodora M. V. con un contrato de compra-venta y con documentos validados por la síndica de Topolobampo.

Ahora, Eliodora es la ofendida en la causa penal 592/2021, y exige que le restituyan el predio que adquirió de Vidales Méndez a 50 mil pesos, en el 2019. “Ella es la líder de esas mujeres que están afuera, ella los alborota para despojar lotes a las personas que los compraron”, demanda.

Yesenia se defiende de la acusación y entre sollozos le dice al juez: “es lamentable lo que ocurre, como usted nos trata, como criminales. Nosotros fuimos estafados por vivales, por una mafia de gobierno con personas adinerados que se aprovechan de la ignorancia para despojarles de su poco dinero, y después usan las instituciones, como sucede con usted, juez. Más de 60 familias estamos peleando por un lote desde hace 12 años, y hoy aparecen nuevos dueños con documentos. ¿ Cómo le hicieron?”, afirmó.

Yesenia ocupaba un lote en la invasión “Margarita”, que recién le salió dueña y la demandó por la vía penal para buscar la restitución del inmueble.

El juez de control, aunque vinculó a proceso a la lideresa, negó la devolución del bien, pues afirmó que no era el momento procesal de hacerlo, sino de iniciar la investigación que determine sí Gálvez Saille cometió algún delito.

Ella es considerada inocente y su situación jurídica de libertad no se modificó con el auto de vinculación a proceso. “La investigación apenas inicia, usted no es culpable de nada”, explicó el juez a la acusada por la Vicefiscalía General de Justicia del Estado de despojo en agravio de Eliodora M.V dentro de la causa 592/2021.

El defensor de la precarista ventiló que a esta se le violaron sus derechos pues el Agente del Ministerio Público del Fuero común simuló citatorios para no dar derecho a la defensa de la imputación.

Antes de la audiencia, los precaristas se manifestaron en la vicefiscalía, en la Fiscalía y en el palacio de Gobierno, en Culiacán, pero sólo obtuvieron un compromiso de ser escuchados, y por ello las denuncias de despojo continuarán.

Soltero Sánchez dijo que en Sinaloa, con un gobierno u otro, la lucha social es criminalizada, las demandas, desatendidas, y los fundos legales terminan en manos de familias adineradas que desde siempre han hecho negocio con las necesidades humanas.

Las mujeres que están a las afueras del tribunal continúan aguantando el frío.

Artículo publicado el 26 de diciembre de 2021 en la edición 987 del semanario Ríodoce.

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