Regidor indaga extorsiones a centros de rehabilitación de drogadictos en Ahome
El Instituto de Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome (Ipama) quedó bajo sospecha de corrupción, cuando la dirección fue involucrada en la extorsión a centros de rehabilitación a través de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Ahome.
Hasta ahora las denuncias sobre el cobro de 10 mil pesos a cambio de no clausurar los centros, ha caído en saco roto y en una cobija de impunidad que apunta a una red de protección que salpica por omisión al alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros y a su síndica procuradora, Cecilia Hernández Flores.
Vargas Landeros ya tiene una carpeta de investigación abierta en la Vicefiscalía General de Justicia del Estado. Esta es por amenazas y fue interpuesta por el activista de ¡Aquí No!, Joel Ulises Pinzón Vázquez; en tanto que Hernández Flores fue acusada por el ex alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, de fomentar la corrupción por hacerse de la vista gorda en el caso de unas permutas de terrenos que favorecieron a particulares con activos municipales.
El regidor por el partido Sinaloense (PAS), Carlos Roberto Valle Saracho, inició una investigación propia de los hechos a partir de acusaciones de directores de algunos centros de rehabilitación con los que había iniciado algunos eventos asistenciales, que arrojó que los casos de corrupción fueron al amparo de Lilia Karely de Jesús Moreno Zavala, directora de Ipama, y al parecer cometidos por su coordinador operativo, Jesús Guadalupe Rodríguez González y otro y protegidos por la regidora, Marisol Morales.
El edil aseguró que las quejas de los directores de los centros versan sobre un cobro de 10 mil pesos en efectivo para evitar la clausura de los centros de rehabilitación por omisión de la norma sanitaria pagados a los operadores de Ipama y que serían destinados para la compra de un auto para una subordinada.
En la mecánica de la estafa, los operadores pidieron a los directores el armado de un expediente acompañado del dinero a entregarse a la regidora como garantía de la no clausura.
Los segundos en el Ipama aprovecharon la sicosis que creó el cierre del centro “Una Mano Amiga”, ubicado en bulevar Macario Gaxiola entre Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, en Los Mochis, por Protección Civil.
“Es una situación que indigna, asquerosa, porque se toma a las personas como ganado para hacerlos un negocio. El Ipama es deshonesto, desde la directora y todos sus integrantes. Ella no reúne el perfil para el cargo, puesto que llegó por una negociación política”, dijo.
Valle Saracho acusó que al trascender su indagatoria de la primera red de extorsiones en las dependencias municipales, los cabecillas orquestaron un ataque que involucra a un hermano de la regidora incrustado en el despacho del secretario, Genaro García Castro, para su destitución de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal y entre concejales armaron un bloque difamatorio para arruinarle y denostarle la imagen pública, y a la par, los cierres de centros de rehabilitación se detuvieron abruptamente.
José Daniel Luna Castañeda, coordinador de Protección Civil, afirmó que el cierre de “Una Mano Amiga” fue porque había un riesgo sanitario inminente para los internos, que estaban hacinados en un espacio insalubre y sin vías de escape alternas por incendio.
Sin embargo, reconoció que el caso le llegó al escritorio por queja de funcionarios del Ipama.
Y aseguró que tras conocerse los indicios de posible extorsión, los cierres se detuvieron y se optó por no atender más las peticiones.
“Aunque somos compañeros funcionarios, no nos vamos a prestar para la corrupción. Las revisiones a los centros de rehabilitación continuarán, pero apegadas a norma. Ya lo hablamos con los consultores y con algunos directores, serán escuchados y se les dará el tiempo necesario para que resuelvan las omisiones de funcionamiento, si incumplen, entonces sí, clausura temporal, para que arreglen”, dijo.
Mientras que Lilia Karely de Jesús Moreno Zavala, directora de Ipama, negó los casos de extorsión en los que está involucrada.
“Yo quiero una investigación, porque mi nombre se está mencionado. No tengo nada qué ver. Ipama no tiene facultades para cierre, y en lo sucesivo no tendrá nada qué ver con los centros de rehabilitación porque nos enfocaremos a la prevención primaria de adicciones. Las facultades de revisión las tienen salud y protección civil”, precisó.
Aseguró que su personal no tiene instrucciones para involucrarse con los centros de rehabilitación, y en caso de que ello sucediera, sería bajo responsabilidad propia.
Pese a las afirmaciones de la funcionaria, su personal directivo fue visto utilizando a los internos de los centros de rehabilitación en operativos municipales. Ocurrió en las mesas informativas para el ejercicio participativo “Topolobampo 2021” en donde se les vio rompiendo las protestas de ¡Aquí No! y en la recolección de basura, cuando el municipio clausuró el relleno sanitario de OP Ecología en Choacahui.
Artículo publicado el 19 de diciembre de 2021 en la edición 986 del semanario Ríodoce.
