Intervienen CNDH y Profepa en planta de amoniaco en Ohuira

DIANA ESCOBEDO. Denuncia admitida

Investigan posible etnocidio y violación de derechos de indígenas y hasta de la nación

El proyecto de construcción de una planta de amoniaco en un santuario ecológico en la bahía de Ohuira financiado por el consorcio alemán Proman tuvo dos nuevos traspiés: el inicio de una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre un etnocidio y la aceptación de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) para iniciar la pesquisa de probable tráfico de influencias y daños a la nación por la escrituración de la zona marítimo terrestre en donde se construye la fábrica.

Lea también: Acusan manipulación, compra de votos y acarreos en la consulta popular de la planta de amoniaco

El visitador José Enrique Vega Rosales, de la unidad de atención a pueblos originarios de la CNDH, inició la investigación en Lázaro Cárdenas y aseguró que integrarían el expediente que inició con la queja del cobanaro, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, de Ohuira, y el Consejo Consultivo Yoreme Mayo.

Afirmó que todas las denuncias de los indígenas sobre abusos de los gobiernos municipales (Ahome, El Fuerte y Guasave, del Estado de Sinaloa y el federal a través de la Secretaría de Gobernación y los siervos de la nación) y de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), serían analizadas en una recomendación que protegería los derechos de los indígenas y sus comunidades, basándose en los errores (del gobierno) y en la violación de los derechos humanos de los pueblos.

Estas están libres de injerencia del ejecutivo porque se trata de un organismo autónomo, comprometido con los derechos humanos de la gente y pueblos, que sale a los hechos para conocerlos en los terrenos de los afectados, sus sentimientos, expresiones, emociones, enojos y frustraciones, para pasar del papel a la vivencia real.

En la sesión, los residentes y visitantes de Ohuira y Paredones documentaron los casos de amenazas en contra de los opositores, las presiones del alcalde, Gerardo Vargas Landeros y las omisiones del gobernador, Rubén Rocha Moya, para eliminar la oposición a Proman.
Las denuncias que se hicieron de viva voz y de quien se pidió la reserva de la identidad porque ya ocurren amenazas de muerte directas, insistieron en que la alianza Gobierno-Proman-GPO manipuló el ejercicio participativo (la consulta) con información engañosa, a modo, una pregunta sesgada, acarreo de multitudes en camiones y vehículos particulares, boletas sin folio, compra de votos masiva y la intimidación a opositores.

Pero también desplegaron y desarrollan aún brigadistas en las comunidades opositoras ofreciendo enjarres de paredes, pisos firmes, techos, despensas, asistencia médica y hasta pagos funerales a cambio de la aceptación de la planta de amoniaco, denunció Armando Pinzón Rojo, padre de Joel Ulises Pinzón Vázquez, el ambientalista que denunció penalmente por amenazas al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, resumió que en las comunidades indígenas aumentó el rechazo a la planta de amoniaco por las amenazas en contra de los yoremes, bajo la premisa de defender sus derechos con la vida misma.

Durante la sesión que se desarrolló la tarde de este jueves justo en la Bahía de Ohuira y que continuó en la enramada de San Ignacio de Loyola en el centro ceremonial de Lázaro Cárdenas, Diana Escobedo, veterana investigadora del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María afirmó que el sitio elegido para la construcción de la planta de amoniaco es inadecuado porque se trata de un sitio de generación de biodiversidad de la tortuga Laud, camarón, peces y aves, insuficiente para los propósitos de bioquímica porque son aguas bajas, contaminadas durante años por descargas agrícolas de 350 mil hectáreas y por descargas sanitarias de la ciudad.

“Ofrecen construir una planta de tratamiento de agua marina, porque les conviene, porque no podrán utilizar el agua del mar dado que contiene metales pesados y sedimentos de fertilizantes nitrogenados como el amoniaco anhidro que ellos van a producir y cuyo exceso de nitrógeno en el agua reproduce algas en exceso y, lo peor, es que la contaminación que ellos generarán se mantendrá en la bahía durante 60 días porque el intercambio de agua ocurre por una vía estrecha de 700 metros.

Aducen que no hay estudios científicos, pero se tienen datos de más de 30 años de lo que está pasando. La exposición de las personas a un riesgo inminente, es otro factor en contra. El lugar, es el inviable, no la industria”.

Para la investigadora, el empecinamiento del capital de asentarse en el lugar es por las vías de comunicación, ferrocarril y puerto para sacar a la exportación el amoniaco anhidro; el gas natural que aún no llega y la disponibilidad de agua, aunque afecten definitivamente la forma de vida de más de 3 mil familias yoremes.

El abogado Milton Ayala afirmó que el sesgo tomado por el caso de la planta de amoniaco se dio por la manipulación de las leyes y reglamentos para favorecer a capitalistas que traen dinero para asentarse a costa de terceros. “El ejercicio participativo fue legal, pero sesgado, porque no hay un reglamento que limita la publicidad, la compra de votos y todos los vicios que sucedieron, de allí la parcialidad porque ninguna comunidad podrá competir en igualdad de circunstancias con el capital extranjero en colusión con gobiernos.

Confirman investigación de PROFEPA a terrenos

Claudia Susana Quintero Sandoval, alferes mayor (fiestera) confirmó en la asamblea ritual que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había dado entrada a la denuncia de cooperativistas pesqueros que exigían la anulación del título de concesión VGZTF-1288/08 por el que se aprueba la construcción de un muelle y a la cancelación de la construcción y usufructo de 139 hectáreas de humedales por vicios ocultos en la escrituración de predios de la zona marítimo terrestre.

Esos son los terrenos escriturados por el ex diputado federal, Rubén Benjamín Félix Hays, su esposa y representante legal, que se adquirieron al ejido Rosendo G. Castro y que terminaron vendidos a GPO, que a su vez rellenó para la plancha que ahora modifica el flujo y reflujo de agua hacia manglares.

La denuncia fue interpuesta el 23 de noviembre y ya se encuentra confirmada como iniciada, dijo ante la concurrencia.
La asistencia arrancó una salva de aplausos ante la noticia.

Artículo publicado el 12 de diciembre de 2021 en la edición 985 del semanario Ríodoce.

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