Amparos mantienen freno a la planta de amoniaco de Topolobampo

Yoremes adheridos al colectivo ¡Aquí No! que se oponen a la instalación de una planta de amoniaco, metanol y urea en la bahía de Topolobampo, trazaron la defensa de su lucha hacia las dependencias federales, luego de que consideraron fraudulento el ejercicio participativo de aprobación o rechazo de la industria organizado por la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado y los municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte.

Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, acusó que el ejercicio desarrollado el domingo 28 de noviembre fue un engaño al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que ordene a las dependencias la entrega de los permisos que hasta ahora se encuentran detenidos por seis juicios de amparo no resueltos.

Añadió que la consulta fue orquestada por funcionarios federales corrompidos por Proman, empresa trasnacional, y su filial en Los Mochis, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y políticos locales que desde hace años buscan sacar adelante un proyecto que está mal.

Señaló como responsables de las irregularidades al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar Solorio, Benito Mirón López, director General de Participación Social, Agustín Goicochea Chavarri, de la Unidad de Construcción Ciudadanía y Participación Social, todos de la Segob, con el apoyo de Alejandro Olivera Toro Maya, representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobernador, Rubén Rocha Moya, los alcaldes de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; de Guasave, Martín Ahumada Quintero y de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, así como el consejo ciudadano creado a modo con promotores de la industria, y sin voces discordantes.

Durante la consulta popular, dijo que se detectó en Topolobampo el acarreo de personas desde Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y otros ejidos, en donde hubo duplicidad de votos por no marcarse a los votantes, la cadena de custodia de las boletas se rompió por no tener folio las papeletas yhubo compra masiva de sufragios como en el ejido Mochis. A las personas se les pagó 150 pesos por votar a favor del “Sí” a la planta de amoniaco.

Otras irregularidades fue el acarreo de personas desde ejidos cercanos y el voto corporativo de sindicatos oficiales, como el del ayuntamiento de Ahome y de Japama, así como de funcionarios municipales.

Añadió que durante el ejercicio no hubo mesas insuficientes y algunas se colocaron en sectores estratégicos, excluyendo a sitios con rechazo abierto al proyecto, en donde se manipuló a las personas en asambleas previas en las que los funcionarios sólo se dedicaron a declarar las bondades y no los perjuicios de la industria, omitieron información sobre los efectos de la planta de amoniaco en el medio ambiente y nunca le dijeron a la población que el ejercicio no era vinculante para ninguna autoridad por estar fuera de la ley de consulta popular.

“Fue tal la irregularidad, que el mismo proyecto petroquímico tiene dos nombres y una ubicación, Planta de Fertilizante, en la Secretaría de Gobernación, y Planta de Amoniaco, en Semarnat, lo que es una irregularidad”, opinó Gerardo Peña Avilés, ex diputado federal durante una de las asambleas informativas en las que intentó entrar en controversia con los funcionarios federales, pero estos no respondieron.

Este fin de semana, Felipe Montaño Valenzuela, Claudia Sandoval y Joel Ulises Pinzón Vázquez, todos miembros de ¡Aquí No! se entrevistaron con María Luisa Albores, titular de Semarnat, comisionados del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para reiterar las anomalías que ocurren con la planta de amoniaco y la Segob.

“Ya lo sabían, pero recordamos y refrescamos memoria. Fue importante para nosotros hacerlo, y comprobar que la planta de amoniaco no tiene los permisos aprobados, que todo lo que ellos dicen es mentira, un engaño, y que no los tendrán hasta que se resuelvan los seis amparos que aún están vigentes. Todas las dependencias coincidieron que los trámites están suspendidos por los juicios, y así continuarán hasta una resolución”, comentó Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira.

El grupo se reservó detalles del encuentro con los secretarios y directores de las dependencias con los que se entrevistaron, pero ofrecieron una declaración conjunta la semana próxima.

El lunes (29), el vocero del Comité Ciudadano, Eder Jesús Valentín Lugo, alardeó que el ejercicio del domingo pasado se realizó con transparencia y legitimidad, y someramente se refirió a las denuncias sobre la manipulación de la decisión, pero criticó un bloqueo carretero perpetrado por los opositores al proyecto.

Dijo que se usaron 39 mil 753 papeletas, de las cuales en 30 mil las personas dijeron “sí” a la planta, lo que representa el 75 por ciento de aprobación, contra 9 mil 402 que lo rechazaron.

Organizada por la Segob, durante la presentación de resultados de la jornada, no se permitieron preguntas.

Luego, la empresa GPO, en un comunicado, agradeció a la población haberla aceptado en una jornada tranquila y en paz, con una alta participación diversa y plural.

Afirmó que espera que las partes involucradas acepten el resultado, y que la autoridad haga lo pertinente.

El abogado, Martín López Félix, comentó que el ejercicio participativo dejó en claro la manipulación de la sociedad a un proyecto fallido por el tráfico de influencias con el que se concibió y que se mantienen.

“Está claro que compraron apoyo, y que la oposición a la planta de amoniaco está más fuerte que nunca. Lo mejor para todos los involucrados es su reubicación”.

Artículo publicado el 5 de diciembre de 2021 en la edición 984 del semanario Ríodoce.