“Estuvo muy mal de parte del entonces gobernador electo, Rubén Rocha Moya, de haber insinuado la renuncia del Fiscal General en su momento. No precisamente por los resultados que hubiese dado el fiscal, sino porque no era el papel que le correspondía”.

Lea: En busca de una fiscalía ‘carnala’ https://bit.ly/3wP1lPi

El señalamiento fue hecho en tribuna por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Adolfo Beltrán Corrales. No hubo ningún comentario de otro diputado sobre el proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General en Sinaloa.

El día de la elección de la nueva fiscal, ningún diputado pidió subir a tribuna para hacer un comentario o referencia alguna sobre alguna irregularidad o sospecha del proceso para elegir a la nueva fiscal. Tampoco ningún legislador hizo comentario alguno sobre las causas de la separación anticipada de Ríos Estavillo al cargo que había rendido protesta en marzo de 2017, luego que se creó la Fiscalía General como organismo autónomo, y desapareció la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.

“He considerado que este es el momento para retirarme de mis labores en la Fiscalía por así convenir a mis intereses”, dijo el entonces Fiscal en el oficio dirigido al Congreso del Estado, fechado el 15 de octubre, pero recibido ante el Poder Legislativo el día 18 del mismo mes.

Al día siguiente en sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado leyó el documento de la renuncia del Fiscal. Los diputados votaron por unanimidad, sin debate, a favor de la renuncia presentada y la Junta de Coordinación Política presentó el asunto en calidad de obvia y urgente resolución.

La celeridad era cubrir el marco legal para comunicar la vacante al Consejo Estatal de Seguridad Pública para que su vez expidiera la convocatoria pública.

Dos semanas atrás diversos medios de comunicación dieron a conocer la versión de que Sara Bruna Quiñónez se retiraba de sus labores como jueza. Su posición firme en el enjuiciamiento de los funcionarios del gobernador Mario López Valdez la llevaron a ser mencionada mediáticamente como la “Jueza de Hierro”.

En la especulación sobre los integrantes de los miembros del gabinete del entonces todavía gobernador electo, apuntaban a que la jueza renunciaba porque estaba siendo considerada para la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas o para la titularidad de la Fiscalía General.

Eran las últimas dos semanas de la gestión del gobernador Quirino Ordaz Coppel, mientras en el Poder Legislativo se trabajaba a marchas forzadas para organizar la sesión solemne para la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como nuevo titular del Poder Ejecutivo.

El nombre de Sara Bruna Quiñónez circuló extraoficialmente incluso pocos días antes que el anterior fiscal, Juan José Ríos Estavillo, presentara su renuncia voluntaria, a pesar de que el periodo para el cual fue electo por el Congreso del Estado vencía en 2024.

Desde la emisión de convocatoria por parte del Consejo Estatal de Seguridad y el registro de 22 aspirantes, surgieron voces que señalaban que el proceso renovación de la titularidad de la Fiscalía General estaba siendo opaco.

Ríodoce recogió versiones en su momento de Ricardo Beltrán Verduzco, representante de la Alianza Mexicana de Abogados y de la Barra Mexicana de Abogados que el proceso era una simulación porque había una línea para la jueza Sara Bruna Quiñónez.

El proceso, dijo entonces, no garantizaba una verdadera autonomía y quien decidiría quién sería el nuevo titular de la Fiscalía sería el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez.

“Se trata de una simulación, un circo, un teatro”, denunció el abogado.

El señalamiento además estuvo acompañado de la premisa de que el proceso había sido tan desaseado empezando porque no debiesen haberle pedido la renuncia al Fiscal, lo que constituyó una violación a la Constitución.

En oportunidad también la agrupación civil Iniciativa Sinaloa se sumó a los cuestionamientos de opacidad porque consideraron no fueron transparentados los mecanismos de evaluación ni tampoco se había hecho público el documento que fundamenta la decisión de los cinco nombres que fueron turnados al gobernador Rubén Rocha Moya para que a su vez enviara al Poder Legislativo una terna.

Cuando el tema de la elección llegó con los diputados no hubo cuestionamiento alguno sobre el procedimiento, y las reuniones de las comisiones unidas de Puntos Constituciones y Gobernación, Seguridad Pública y Justicia, se centró más bien en aspectos sobre, cómo, cuándo y dónde se redactarían las preguntas, o bien la hora en que sesionarían. No hubo discusión de fondo.

Por la actitud de los diputados frente al proceso que levantó sospechas sobre la realización de una simulación, se esperaba que la votación final fuese unánime, pero se logró por mayoría. Un total de 39 diputados votaron a favor de Sara Bruna Quiñónez, y solamente un voto discordante lo hizo por Claudia Zulema Sánchez Kondo, otra de las aspirantes.

Tras rendir protesta, la nueva fiscal, ataviada con traje sastre en blanco ofreció su primera conferencia de prensa. La pregunta obligada de los medios de comunicación fue precisamente la existencia de una línea en su elección por parte del gobernador Rubén Rocha Moya.

Frente a los micrófonos descartó la línea, sostuvo que el proceso había sido transparente y público.

Sobre la presión que pudo haberse ejercido desde el Poder Ejecutivo para que resultara designada por el Congreso del Estado respondió: “Me intimida o me mortifica que piensen eso, yo acudí voluntariamente”.

Artículo publicado el 14 de noviembre de 2021 en la edición 981 del semanario Ríodoce.