El hostigamiento a líderes indígenas y pesqueros se incrementó con la llegada de Gerardo Vargas a la presidencia municipal de Ahome, afirman

Rodrigo Palafox Corral, desapareció el 6 de noviembre del 2014, siendo presidente de la cooperativa “Julián Vega Félix”, del campo pesquero Lázaro Cárdenas, cuando hacía conciencia entre los pescadores sobre la amenaza a la bahía y su sustento de permitirse la construcción de una planta de amoniaco proyectada en el estero Los Conchos.

Él vio la amenaza cumplida cuando decenas de camiones de volteo rellenaban una zona de manglar.

“Esa industria va a matar la pesca”, decía una y otra vez, refiriéndose a lo que entonces era un rumor, que se instalaría una planta de amoniaco, recuerdan pescadores.

Unos meses después, el dirigente fue privado de la libertad por hombres armados. Su camioneta fue encontrada calcinada entre los cerros de la bahía de Navachiste, y un año después, el cadáver fue encontrado por senderistas.

Tenía un balazo en la cabeza.

Al sacrificio del dirigente, su llama de conciencia no incendió, sino muchos meses después cuando ya el gobierno pasó a la luz promoviendo abiertamente la planta de amoniaco. Entonces, la inconformidad estalló en ¡Aquí No!

El campo pesquero Lázaro Cárdenas fue de los primeros que utilizó los amparos para frenar a los industriales, luego le siguió Ohuira, el Campito, restauranteros, ambientalistas y turisteros.

De estos dos grupos finales, brotó Joel Ulises Pinzón Vázquez, y de los primeros don Tiburcio Ahumada, cobanaro de Lázaro Cárdenas, la ambientalista, Melina Sandoval, Felipe Montaño cobanaro de Ohuira, Julio Torres, y muchos más, que entonces fueron respaldados por el ex diputado federal, Gerardo Peña Avilés, Lucinda Sandoval, Yadira Marcos y Tatiana Clouthier.

Años después, las amenazas resurgieron, pero ahora con visibles grupos armados y telefonazos de individuos que se dicen enviados del alcalde Gerardo Vargas Landeros, quien fue uno de los promotores principales de la industria en pugna, junto con el gobernador de entonces, Mario López Valdez.

Ulises denunció que civiles lo amenazaron para que abandone las protestas y al colectivo, o le pesaría. Lo tomó como una amenaza de muerte. Dejó pasar algunos días para digerir lo ocurrido, pero finalmente lo destapó.

“Nunca había sentido tanto miedo”, escribió en su cuenta de Facebook, y lacónicamente dijo haber recibido amenazas.
Responsabilizó al gobierno municipal de ellas y de los daños que resulten en su vida, familia y demás. No dijo nombres.

Pidió la intervención del gobernador, Rubén Rocha Moya y del presidente, Andrés Manuel López Obrador para que garanticen su seguridad y del resto de los miembros de ¡Aquí No!. Todos están amenazados, pero pocos la ventilan públicamente, aunque las consideraban como gajes del oficio por ser meramente de dinero y favores, nunca más allá.

En esas, no se había identificado a ningún gobierno y la responsabilidad le era achacada a los empresarios de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), pero estos se lavaban las manos, negándolo.

Ulises tomó sus providencias para desenmascarar a los autores de las amenazas, por si las cosas se complican. Hizo un video con nombres. Y aún está indeciso de denunciar o no el caso.

La amenaza, aseguró, devela el interés que se tiene en la industria y demuestra que no es un proyecto tan inofensivo como pregonan, porque de serlo dejarían que este evolucionara sin presiones armadas.

Las advertencias de muerte y sobornos para doblar a los líderes de ¡Aquí No! ya habían sido consideradas como un riesgo, desde finales de octubre, cuando Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, anunció el 25 de octubre la realización de una consulta popular entre 40 mil ahomenses para pulsar el interés de la industria.

Una semana después de aquel anuncio, Felipe Montaño, cobanaro de Ohuira, marchó al palacio municipal, y exigió que este sacara las manos de la consulta indígena, pues era un tema propio que aún no se define en los juicios 528/2018 de Lázaro Cárdenas, 628/2018 de Paredones y 350/2019 de Ohuira.

Afirmó que ninguna presión ni amenaza doblegaría a los yoremes, pues defienden su territorio de la invasión extranjera en confabulación con gobiernos locales corruptos.

Montaño se mantiene firme.

Otros activistas de ¡Aquí No! que pidieron reserva de identidad, aseguraron que las amenazas de muerte y daños a familias, persecuciones a distancia, intimidaciones comenzaron a incrementarse desde que el alcalde, Gerardo Vargas Landeros se metió como promotor municipal.

Todos los amenazados coincidieron en que hay casos de que se utiliza al “halcón” o al vendedor de drogas del barrio para el amedrentamiento, y solo en muy pocos casos a pistoleros.

Según un informe de la organización La Red Todos los Derechos para Todas y Todos, en los primeros dos años de la actual administración federal, 45 activistas de derechos humanos de defensa del ambiente fueron asesinados. La mayoría de los casos se encuentran en la impunidad.

Artículo publicado el 14 de noviembre de 2021 en la edición 981 del semanario Ríodoce.